Por qué creen que hubo una maniobra para pagar por encima de la estructura de costos

Tal como anticipamos el martes, el Municipio se presentó ante el Tribunal de Cuentas y la Justicia ordinaria, entendiendo que hubo irregularidades en el reconocimiento de los costos que hizo el Municipio a la empresa Maxia SRL, para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, que tendrían una serie de importantes inconsistencias.

En la documentación que presentaron ante el Tribunal de Cuentas, se desprendería que la cantidad de kilómetros reconocidos monetariamente no coincidirían con la que la propia empresa -por declaración jurada- manifestó en otro expediente de acuerdo a lo contabilizado por el sistema de GPS que tienen los colectivos. TiempoSur pudo saber cómo detectó esa diferencia por la que el Municipio que conduce el intendente Pablo Grasso, llevó a afirmar que la gestión de Roberto Giubetich realizó “pagos indebidos” por casi 7 millones de pesos a la empresa Maxia en 2019.

Cómo fue el proceso- Entre la información presentada al Tribunal de Cuentas, existe una planilla de Excel anexa donde se especifican los valores de la cláusula del contrato entre la empresa y el Municipio. Una fuente de la Comuna local que siguió de cerca el estudio del contrato, indicó ayer a TiempoSur que se armó un expediente donde Maxia pide un reconocimiento de mayores costos, donde –por ejemplo- dice que en tal período sus ingresos fueron 8 y su costo fue 10, por lo que se le debe 2.

¿Cómo se llegó a esos 10? El expediente tiene una planilla que está anexa en el contrato, con el costo unitario que arrancó en 89 y después se actualizó por la inflación a 104. La empresa le informaba al Municipio cuál había sido el costo y la Municipalidad pagaba la diferencia. Hasta ahí, nada extraño.

Ahora bien, “vemos que en el expediente madre donde se paga el subsidio municipal, entre toda la documentación que la empresa remitía todos los meses, estaba la planilla con el kilometraje real recorrido que lo tira el sistema, porque todos los colectivos tienen un GPS”, sostuvo.

El sistema que se llama micronauta, valida una declaración jurada de kilómetros y “lo firmaba la misma persona que suscribía la planilla para pedir mayores costos con un kilometraje distinto” y afirmó: “En el expediente madre están los kilómetros que tira el sistema firmados por el Gerente de Maxia, donde dice adjunto a ustedes el kilometraje recorrido en el mes. Ahora, en el expediente de mayores costos, decía ‘me tienen que pagar esto porque la estructura fue otro número de kilómetros. Y siempre era un monto superior”.

Al ajustar esos números, contrastando la información que salía de los kilometrajes que estaban respaldados por el GPS, con los que presentaba Maxia SRL al Municipio para que le reconociera mayores costos, habría salido la cifra de casi 7 millones de pesos de diferencia (en realidad, 6.800.000 para ser más exactos).

“Ahora el Tribunal de Cuentas es el que tiene que determinar. Para nosotros si se debía hacer algún tipo de reconocimiento, se tendría que haber hecho sobre una estructura de costos real, que fue la discusión que hubo desde un principio con Maxia”, suscribió la fuente del Municipio.

En cuanto a las responsabilidades penales, las autoridades de la Comuna actual no sólo considerarían que podría caberle alguna a los funcionarios del gobierno municipal anterior, sino también a las autoridades de Maxia como concesionario, ya que podría considerarse que incurrieron en una estafa, “si se comprueba que hicieron una declaración jurada falsa diciendo dos cosas distintas para justificar un monto determinado”, añadió. 

Otra pelea- Paralelamente a esto, las partes mantienen la discusión respecto de la concesión del transporte público, luego que el juez de Primera Instancia, Marcelo Bersanelli, decidiera autorizar al Municipio a utilizar las unidades y la base de Maxia para restablecer el transporte público.

Las autoridades del Municipio ya gestionaron ante el magistrado las llaves de las unidades para comenzar a brindar nuevamente el servicio, pero también, una cuenta judicial donde depositar el sueldo de los trabajadores de Maxia que se encuentran gremialmente representados por el gremio de la UTA (Unión Tranviaria Automotor).