Por denuncia del Padre Molina citan a funcionarios provinciales

La Cámara del Crimen de Río Gallegos fijó para el martes 8 de julio a las 9:30 horas la audiencia de conciliación en el marco del expediente N° 9174/25. La presentación judicial se originó por la difusión en redes sociales de un video que, según la querella, contiene expresiones “absolutamente injuriantes y calumniosas” contra Molina y la institución que conduce.

El material publicado atribuiría al sacerdote delitos graves como fraude al Estado, corrupción de menores y enriquecimiento ilícito, sin respaldo judicial alguno. La denuncia afirma que esto afecta no solo la integridad del denunciante, sino también a las comunidades terapéuticas y escolares vinculadas a la Fundación en El Calafate.

Citados a declarar

Entre los convocados por la Justicia se encuentran:

• Iris Rasgido – Presidenta del Consejo Provincial de Educación
• Jazmín Machiavelli – Secretaria de Estado de Igualdad e Integración (y exministra de Desarrollo Social)
• Julio Bujer – Presidente de Vialidad Provincial
• Gabriel Giordano – Abogado del foro local
• Daniel Vidal – Dirigente sindical del SOEM de Puerto Deseado
• Juan Carlos Rueda – Concejal de El Calafate
• Manuel Miranda – Exdelegado del Ministerio de Trabajo en El Calafate

En declaraciones a Ahora Calafate, el Padre Molina sostuvo: “Esto no es una cuestión personal. Pero no se puede decir cualquier barbaridad y ensuciar a los otros de manera impune, porque se te ocurrió y porque nadie te dice nada. Lo lamento mucho”.

Implicancias legales y políticas

La denuncia sostiene que se trató de una campaña deliberada de desprestigio público, en un contexto de creciente hostigamiento hacia organizaciones sociales y referentes vinculados a la gestión anterior. Además, se promovió una acción civil por daño moral, paralela a la causa penal.

El abogado Matías Solano, representante legal de Molina, remarcó que el caso podría constituir un precedente judicial importante en Santa Cruz: “No es habitual que funcionarios en ejercicio tengan que responder ante la Justicia por difamación pública”.

El escrito también alerta sobre posibles violaciones a la Ley de Ética Pública y al Código de Conducta del Estado, ya que muchos de los acusados ostentan cargos públicos.

Si la audiencia no logra una conciliación, el proceso podría continuar hasta una sentencia penal y civil, con eventuales sanciones económicas para los involucrados.