Maxia - Municipio

Nadie da el brazo a torcer y los vecinos continúan sin servicio de transporte

Tras no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, se vivió una nueva jornada de acampe en el Municipio por parte de los trabajadores de Maxia. La empresa reclama una deuda de 21 millones por parte del Ejecutivo, desde donde solicitaron un pedido de informe en un contexto de revisión de contrato. Hoy continúa la medida de fuerza.

Continúa el reclamo frente al Municipio
Continúa el reclamo frente al Municipio
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Hoy se vivirá el séptimo día de interrupción de servicio por parte de los trabajadores de Maxia SRL, quienes reclaman por el pago de la segunda cuota del aguinaldo, los haberes del mes en curso y el incumplimiento en el pago de aportes. En diálogo con Tiempo FM, Marcelo Spanos, propietario de la firma, explicó que el atraso en el pago de lo requerido por los trabajadores radica en el incumplimiento de pago de subsidios por parte del Ejecutivo Municipal. El empresario declaró que la deuda asciende a los 21 millones de pesos, números que están en revisión por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal, e hizo hincapié en que en la reunión que mantuvo con el intendente Pablo Grasso en el mes de diciembre, “existió el compromiso de pago para afrontar los aguinaldos adeudados”, algo que no sucedió.

Vale la pena mencionar que el contrato celebrado durante la anterior gestión, a cargo de Roberto Giubetich, estipulaba, referente al valor del subsidio municipal, que “a fin de garantizar la normal y regular prestación del servicio y de que la totalidad de la tarifa no recaiga sobre el usuario (boleto), la Municipalidad subsidiará la tarifa obligándose a pagar la suma 126.000 pesos por mes y por cada unidad afectada al servicio” (el pago se hará en los primeros cinco días del mes).

Intimación por el restablecimiento del servicio

Si bien desde el Ejecutivo han informado sobre el pago de algunos de los montos que rigen en el contrato (compensación por la quita de subsidios nacionales, situaciones especiales), lo cierto es que también han manifestado la imposibilidad de pago del subsidio municipal a raíz de la “difícil situación financiera” que hoy atraviesa la Comuna, desde donde se realizan gestiones con el objetivo de conseguir fondos que tengan como fin el cumplimiento de pago de subsidios. Así lo manifestó en el día de ayer a nuestro medio Celina Mancilla, secretaria de Gobierno, área desde donde también intimaron a la empresa “a la pronta restitución del servicio de transporte urbano de pasajeros”, apoyándose en la cláusula vigésimo tercera (punto 4) del contrato de concesión, en la cual establece “la prohibición de la suspensión total del servicio por un plazo superior a las 48 horas”. Por este motivo lo solicitado es la restitución del servicio en un plazo de 72 horas bajo apercibimiento de multas y sanciones establecidas en el contrato de concesión.

Conciliación obligatoria de oficio

En esta línea, el pasado día lunes, el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó una conciliación obligatoria entre Maxia SRL y la UTA, con una reunión a celebrarse el día viernes próximo, aunque no está confirmada la asistencia de las partes, ya que desde la UTA entienden, según lo expresado a los trabajadores, que la conciliación no tendría lugar al tratarse de una medida de “retención de tareas y no de paro”, esto a pesar de las notificaciones enviadas en su momento a la Municipalidad, la cual hablaba de “paro por tiempo indeterminado”.

Ante el rechazo de la conciliación obligatoria, el ministro de Trabajo Provincial, Teodoro Camino, explicó a TiempoSur que “es un ámbito de discusión entre las partes y se citó a la Municipalidad como responsable solidario”, y aclararon que “la conciliación no especifica si es un paro o no, sino que es para la situación de conflicto en general”. Donde hay una situación problemática lo que hace el Ministerio es convocar a una audiencia para resolver la problemática en ese ámbito.

En cuanto a las consecuencias que podría atravesar el gremio detallaron: “En un segundo se lo va a intimar al cumplimiento de la conciliación y en caso que no sea así se va a comunicar a sede central de Buenos Aires de UTA y al Ministerio de Trabajo de la Nación, y se continuará con el trámite administrativo”. Por último, remarcó que “la decisión de dictar la conciliación obligatoria de oficio tiene que ver fundamentalmente con la importancia del servicio para la ciudad, donde para muchos vecinos es el medio de transporte fundamental para traslado”.

Pedido de informe del Ejecutivo

En horas de la tarde de ayer, y mediante nota con firma del secretario de Hacienda Municipal, Diego Robles, el Municipio solicitó un pedido de informe que consta de 11 puntos a tener en cuenta y deberá ser presentado en un plazo de 48 horas.

Desde la fecha de inicio de la concesión hasta el mes de diciembre del 2019 inclusive, la empresa deberá presentar: “Copia de libro registro de sueldos, copia de los recibos de saldos de la totalidad del personal afectado al servicio, copia de formularios 931 AFIP y constancias de pago, detalles de los kilómetros recorridos mensualmente por unidad integrante de la flota, extractos bancarios de cuentas, copias de facturas de copias de combustible, neumáticos y repuestos, copias de DDJJ de impuestos nacionales y provinciales con sus respectivos comprobantes de pago, copias de facturas de adquisición, de contrato de locación o similar de las 5 unidades 0Km, 10 unidades 2013, 5 unidades 2012 integrantes del parque móvil previsto en el convenio, copia de comprobante de pago de patentes y seguro de la unidades de la flota, copia de los últimos tres estados contables de la Maxia SRL debidamente certificados”. Complementariamente se solicita “informe porque no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la cláusula décima del contrato, dado que no se ha constatado la radicación de las unidades en Río Gallegos”, y se otorga un plazo de 10 días para su efectivización. Vale la pena mencionar que Marcelo Spanos ha declarado a nuestro medio que “son informes que ya hemos entregado a la gestión anterior, y no habrá problema de volverá presentarlos”. 

Quien también se refirió a la prolongación del concilito fue el Intendente Pablo Grasso. “Nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad del Estado, pero las cuentas públicas las tenemos que cuidar y que la inversión sea bien hecha y que sea relacionado al servicio que queremos brindar como autoridad máxima de la ciudad”, dijo al expresar: “Cómo puede ser que en 30 días le debamos 21 millones de pesos a una empresa que no puede funcionar con 10 colectivos como lo está haciendo, a la cual nosotros seguimos a los colectivos con un auto particular para controlar los kilómetros por parte del Municipio, faltaban 10 mil kilómetros más con relación a lo que ellos exponen. Si ellos tienen la documentación, que la presenten”.

“Necesitamos que el servicio funcione. Si generaste una empresa, recibiste 90 millones de pesos en 7 meses, y no pudiste sostener 20 días, significa que algo se ha hecho mal. Yo defiendo los intereses de la ciudad, pero tampoco podés sentirte extorsionado para que sigas desembolsando lo que quieran y como quieran y el servicio sea una complicación, y que dos o tres vivos se queden con el negocio del esfuerzo de los trabajares”, sostuvo y remarcó: “A mí no piensen que me van a sacar por la tangente, acá si tienen las cosas que las presenten y no vamos a discutir, pero que nos garanticen que le van a pagar a los trabajadores como corresponde. Ellos tienen que devolverle a la Municipalidad 3 millones de pesos a partir de marzo, cómo van a hacer si no le pueden pagar a los trabajadores. Nosotros les pagamos el sueldo a los trabajadores, pero que vaya a los trabajadores, sino en 10 días vamos a tener un nuevo problema con el transporte”, cerró.

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