Molina querelló al vicegobernador y a funcionarios por calumnias e injurias

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Carlos Molina, querelló al vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, a la exdirectora de Gestión Privada del Consejo Provincial de Educación, Daniela Franchini, y a la abogada legislativa Gisela Martínez, tras acusaciones públicas relacionadas con la Fundación Valdocco. El legislador participó de una audiencia de conciliación en la Cámara Criminal de Río Gallegos, instancia inicial del proceso judicial en la que las partes intentaron arribar a un acuerdo antes de avanzar hacia un juicio oral.

La presentación judicial se originó a partir de declaraciones públicas que, según el diputado, afectaron su imagen y el trabajo que desarrolla la organización social que dirige. Las acusaciones estuvieron vinculadas al funcionamiento y las actividades de la Fundación Valdocco, una entidad que impulsa proyectos educativos y comunitarios en diferentes provincias del país.

En el edificio judicial, Molina estuvo acompañado por su abogado, Matías Solano, quien explicó el alcance de la audiencia y el procedimiento previsto por la legislación penal para este tipo de causas. El letrado sostuvo que el proceso se encontraba en una etapa preliminar en la que las partes podían resolver el conflicto mediante un acuerdo sin llegar a un juicio.

En ese contexto, el abogado precisó que el encuentro tenía como finalidad evaluar una posible solución entre las partes y manifestó que “hoy tenemos dos audiencias por querellas por calumnias e injurias. Si la otra parte acepta la fórmula que vamos a presentar, se podría llegar a una conciliación y terminarse hoy mismo estas causas”, indicó.

Las querellas fueron presentadas luego de una serie de declaraciones públicas vinculadas a la Fundación Valdocco, organización dirigida por el sacerdote y legislador nacional. Según se explicó durante la audiencia, esas manifestaciones derivaron en la decisión de iniciar acciones judiciales para que la Justicia determine si existió daño a la reputación del denunciante.