Ricci: “Si sostenemos el comercio, protegemos al trabajador”

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la Ley de Emergencia Comercial, una normativa impulsada por la gestión Claudio Vidal, que busca otorgar alivio financiero inmediato a comerciantes y pequeñas y medianas empresas de la provincia.

La iniciativa contempla la suspensión de ejecuciones fiscales, y la implementación de planes de pago especiales en servicios públicos, en el marco de un paquete de medidas diseñadas para resguardar el entramado productivo y laboral santacruceño.

La ministra Ricci explicó que esta ley constituye el primer paso de un plan integral de tres ejes que incluirá, en las próximas semanas, nuevos proyectos orientados al alivio fiscal, con sostenimiento del empleo y un régimen de incentivo para grandes inversiones.

“Es preferible que los comerciantes tengan oportunidades y paguen, porque para obtener el certificado deberán tener un plan de pago establecido; esto permite blanquear la situación y sostener un comercio que, de otro modo, podría cerrar”, afirmó.

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Certificación MiPyME y beneficios concretos

Uno de los puntos centrales de la normativa es la obtención de la certificación MiPyME, requisito indispensable para acceder a los beneficios previstos. Este documento, extendido por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de Nación, acredita la condición de micro, pequeña o mediana empresa.

Ricci destacó que el trámite es sencillo y contará con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Comercio Provincial, para garantizar que ningún comerciante quede excluido.

La norma suspende ejecuciones fiscales por parte de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y, además, instruye a las empresas estatales, Servicios Públicos y Distrigas, a implementar planes de pago con quitas de intereses y tasas financiadas que no superen el 25% anual.

La ministra remarcó que esta decisión no generará un impacto significativo en la recaudación provincial, ya que el 87% de los ingresos por Ingresos Brutos proviene de grandes contribuyentes.

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Diagnóstico territorial y defensa del empleo

El diseño de estas políticas públicas surge de un relevamiento territorial, que permitió obtener una “foto real” de la actividad comercial y productiva en cada localidad de la provincia.

Ricci subrayó que el diálogo permanente, con cámaras empresariales y sectores productivos, permitió ajustar las medidas a la realidad de cada ciudad, diferenciando la dinámica de Río Gallegos respecto de las localidades del interior.

“La idea es generar un círculo virtuoso: un si sostenemos el comercio, protegemos al trabajador, y ese trabajador consume, lo que mantiene activa la economía local”, señaló.

La ministra destacó que el trabajo articulado entre el Ministerio, las cámaras empresariales y otros organismos del Estado forma parte de una lógica de gestión basada en el consenso.

“El diálogo es fundamental y es algo que este gobierno sostiene; no lo hacemos solos, se hace entre todos para desarrollar actividad productiva que genere valor agregado”, concluyó.