Segundo día de audiencia pública

La energía eléctrica aumentará 42,7% y no se sabe si SPSE absorberá parte del incremento

El incremento desde junio será del 16,5% y 6,85 para los usuarios con tarifa social, según explicó el Gobierno en la audiencia pública. El duro documento de organizaciones de usuarios y consumidores que hoy será leído en el tercer y último día, que tratará la segmentación de los incrementos de luz y gas.

Cuadro explicativo que detalla la suba en la energía eléctrica para un usuario promedio.
Cuadro explicativo que detalla la suba en la energía eléctrica para un usuario promedio.
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La segunda audiencia pública por el aumento de tarifas

-debido a la quita de subsidios- fue similar a la realizada el martes por el ajuste en el precio del gas. En este caso, la energía eléctrica fue nuevamente el foco de críticas de parte de los expositores de defensa de consumidores y usuarios, y diversas organizaciones.

El aumento de la energía eléctrica será del 21,27% anual para los usuarios con tarifa social, pero la suba desde junio del 6,8%.

Para los demás usuarios -sin tarifa social- la corrección anual alcanzará el 42,7% y desde junio será del 16,5%.

En ejemplos concretos, un usuario tipo con tarifa social que en enero pagó 722 pesos, abonó 843 pesos en marzo (cuando ya hubo un incremento en la boleta); y pagará 901 pesos.

En el segundo caso -sin tarifa social- en enero el usuario pagó 1.312 pesos; abonó 1.610 pesos en marzo; y pagará 1.876 en junio.

Los aumentos de luz y gas serán segmentados para los cuales el Gobierno anunció un criterio que también fue cuestionado por las organizaciones, y que hoy jueves será tratado en el tercer y último día de la audiencia pública.

Según la segmentación, un 10%  no se beneficiará con el subsidio y  pagará la tarifa plana.

El Ministerio de Economía apelará a 2 criterios para eliminar los subsidios al 10% de mayores ingresos de la población.

-Criterio espacial: pagarán las tarifas plenas de luz y gas los 480.359 usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) encontró en polígonos "de alta capacidad de pago" como urbanizaciones cerradas (countries) y manzanas en donde el m2 supera los 3.700 dólares.

-Criterio de ingresos - socioeconómico: quedarán sin subsidios las familias que cuenten con ingresos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales de un "hogar tipo 2" (familia tipo), que en marzo fue equivalente a casi $ 314.000 y los que tengan

3 o más inmuebles registrados

3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años.

Aviones o embarcaciones de lujo  

 

ES CLAVE

"Es clave que la segmentación esté bien hecha, porque si está mal le va a caer encima a un jubilado que está arriba de la tarifa social y al cual le quitarán el subsidio, será una importante movida inflacionaria", sostuvo Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores.

"Un jubilado que perciba 50 mil pesos y le sacan el subsidio, será un escándalo", abundó.

Boada será quien hoy leerá en nombre de las asociaciones nucleadas en la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE (CU ENRE), un documento que apuntará a la segmentación.

El referente de organizaciones de usuarios también puso hincapié en las empresas del sector eléctrico y distribuidoras de gas. "Hay que revisar los números de las empresas de gas y electricidad, porque deben justificar la suba", expuso.

En Santa Cruz, es SPSE quien se encarga del cobro de la energía y agua. Pero esta empresa estatal le paga a CAMMESA por el costo de la energía.

No se sabe, por ahora, qué hará Servicios Públicos, si absorberá parte del incremento este año, o lo trasladará enteramente a los usuarios.

Lo que especulan los especialistas es que las empresas que proveen energía en las provincias, para no aplicar el aumento, podrían no pagar el aumento a Cammesa.

Esto ya ha sucedido en municipios y provincias del país.

"Ha pasado varias veces que las provincias se opusieron a transferir el valor que deben pagar los usuarios en cuanto al precio mayorista de electricidad, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque es una solución en breve tiempo, pero después te cae encima" resaltó Boada, y recordó el caso de un municipio de la costa de Buenos Aires. "No pagaron a Cammesa y le iban cortar el servicio de energía a los hospitales, comisarías y negocios, ya que la distribuidora de la zona no pagaba a Cammesa", contó.

 

DOCUMENTO

El documento conjunto presentado por las Asociaciones de Consumidores en la audiencia pública detalló datos sobre la complicada situación económica a pesar del repunte que hubo después de la inactividad producto de la pandemia.

"El INDEC informó que en el último trimestre del año 2021, la tasa de desocupación fue del 8,2% (1.113.000 no tienen trabajo) y la tasa de subocupación fue del 12,2% (1.648.000 personas están subocupadas). De los trabajadores ocupados, el 33,1% (2.900.000) no tienen descuento jubilatorio. Estos datos oficiales muestran que los ingresos de más de 5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia", destacaron.

Apuntaron que en el análisis tarifario no puede soslayarse el alto sobreendeudamiento de las familias, ya que "un estudio de la Universidad Nacional de San Martín arrojó que el 40% de la población encuestada presenta una alta vulnerabilidad financiera. Prueba de esto último es que alrededor del 70% de los hogares solicitaron préstamos para pagar alimentos y medicamentos y un 50% de los hogares destinaron el dinero prestado a pagar impuestos, servicios y expensas.   Situaciones similares se han vivido respecto a las tarifas de la electricidad en el resto del país".

Remarcaron que "la tarifa debe analizarse necesariamente atendiendo a la realidad económica de los hogares argentinos" y que "se debe garantizar el acceso universal a servicios energéticos con tarifas justas y razonables".

"Creemos que el Gobierno Nacional tiene que seguir cuidando el bolsillo de los y las argentinas que en su gran mayoría siguen padeciendo las consecuencias de una política energética que los llevó a la necesidad de elegir entre pagar las facturas de servicios públicos o comprar alimentos", y señalaron que "en este contexto es que sostenemos que, hoy por hoy, no hay margen para aumentar las tarifas".

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