La discusión por el Aserradero llegó a la Cámara de Diputados

En una sesión reciente de la Legislatura de Santa Cruz, se presentó el proyecto de resolución N.º 195, firmado por los diputados Carlos Godoy y Lorena Ponce, que solicita al Poder Ejecutivo Provincial un amplio informe técnico sobre el convenio impulsado para la instalación de un aserradero móvil en la Cuenca Carbonífera. La iniciativa pone en el centro del debate la necesidad de evaluar el impacto ambiental, los mecanismos de control y las condiciones de sustentabilidad antes de permitir cualquier tipo de explotación forestal.

El proyecto requiere que el informe sea elaborado por la empresa Santa Cruz Puede S.A.U. y el Consejo Agrario Provincial (CAP), y que contemple datos específicos sobre la zona y especies a explotar, los métodos de control de la tala, las estrategias de reforestación, y detalles sobre la tecnología a utilizar en la tala, estacionamiento y secado de la madera. En paralelo, se exige la suspensión inmediata de toda acción vinculada a esta actividad hasta que los organismos involucrados den cumplimiento a lo solicitado.

“Entendemos que el mayor enemigo de los bosques es la deforestación”, expresaron los diputados en los fundamentos. A través del texto, remarcaron que la falta de control en actividades como la tala puede tener efectos irreversibles en el ecosistema, por lo que es imprescindible adoptar una política preventiva y basada en datos técnicos confiables. La resolución pone el foco en la necesidad de proteger de forma inmediata los bosques nativos de la Cuenca, hasta tanto se obtenga información detallada sobre los alcances del proyecto.

“Nuestra zona no es la primera vez que es objeto de este tipo de explotación”, indicaron los legisladores. “Solicitamos de antemano que desde las instituciones provinciales se realicen las acciones necesarias para garantizar prácticas sustentables”, insistieron. Según expresaron, cualquier intento de avanzar sin contar con diagnósticos serios y planificación integral implicaría un riesgo grave para el medioambiente y los recursos naturales.

El documento también hace referencia al rol que juegan las comunidades locales y las universidades, que han planteado alertas y objeciones respecto del emprendimiento. “Desde nuestros espacios de construcción ciudadana, debemos tener la visión de que cada proyecto que presentamos es en pos de garantizar mejoras en la calidad de vida”, subrayaron los diputados.

En ese sentido, indicaron que cualquier política productiva debe incluir la participación de instituciones académicas, actores sociales y autoridades locales, quienes han manifestado su preocupación ante la falta de claridad sobre los mecanismos de control ambiental. “Sin los antecedentes necesarios, sin las miradas de diferentes instituciones y actores, no se puede avanzar”, advirtieron.

El proyecto de resolución remarca la necesidad de entender si el ordenamiento territorial, las condiciones climáticas y la conservación de la flora y fauna fueron considerados como ejes centrales del plan forestal impulsado. A través de esta iniciativa, los diputados buscan garantizar que toda explotación de recursos naturales esté acompañada de planificación sustentable, transparencia informativa y resguardo del equilibrio ecológico de la provincia.