La Cámara de Diputados sancionó la Emergencia Comercial

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz sancionó la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y Pyme, tras una votación que registró 20 votos afirmativos y 3 abstenciones. La norma declara la emergencia en todo el ámbito provincial hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, alcanzando a quienes cuenten con certificado MiPymes y revistan calidad de Contribuyentes Puros o de Convenio Multilateral con domicilio fiscal en la provincia.

En su artículo 1, la ley establece formalmente la declaración de la emergencia para el sector comercial, industrial y Pyme, delimitando el universo de beneficiarios y el período de vigencia de la medida. La decisión se enmarca en el contexto de crisis que atraviesan distintos sectores productivos de Santa Cruz.

El artículo 2 dispone la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que ya se encuentren en trámite durante el plazo previsto. En los casos donde no exista sentencia, las causas podrán continuar hasta su fallo, pero sin actos de ejecución ni embargos, otorgando un alivio temporal a los contribuyentes comprendidos.

Asimismo, el artículo 3 instruye a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a Distrigas S.E. y a todo órgano de recaudación provincial a establecer planes de regularización de deudas con condiciones generales que incluyen hasta 60 cuotas mensuales y consecutivas, una tasa de financiación de hasta 25% efectiva anual y quita de hasta el 100% de multas e intereses resarcitorios o por mora sobre el capital adeudado. También se habilita la posibilidad de incorporar deuda incluida en otros planes vigentes al momento de la sanción.

En el artículo 4, la norma establece que la declaración de emergencia podrá utilizarse para gestionar beneficios supeditados a la aprobación de cada organismo o entidad bancaria, tales como líneas de crédito a tasa diferenciada para créditos futuros o vigentes y exenciones o diferimientos en la presentación y pago de declaraciones juradas de tributos en el ámbito provincial y nacional.

Por su parte, el artículo 5 autoriza al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a regularizar deudas que el Estado provincial mantenga con las empresas comprendidas en la emergencia, habilitando instancias de compensación o renegociación, e insta a los municipios a adoptar medidas similares respecto de sus obligaciones.

La ley también crea, a través del artículo 6, una comisión de seguimiento de la emergencia comercial, industrial y Pyme, que deberá reunirse al menos una vez por mes durante el plazo establecido. Estará integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Gobierno, de la ASIP, de la Secretaría de Comercio e Industria, un integrante por cada bloque político de la Legislatura provincial y tres representantes de entidades gremiales empresarias. La comisión podrá proponer medidas adicionales para mitigar los efectos de la crisis.

Finalmente, el artículo 7 invita a organismos nacionales y municipales a adherir a la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y Pyme, con el objetivo de ampliar el alcance de las herramientas previstas y fortalecer el acompañamiento al sector productivo provincial.