"Se maneja el Presupuesto con total discrecionalidad y sin apego a ninguna norma legal"

Como informara Tiempo Sur días atrás, la doctora Karina Saúl, Vocal por la Minoría Política del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, denunció en la Fiscalía del Dr. José Chan al Vicegobernador Fabián Leguizamón, por la comisión de los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Malversación de fondos de la Cámara de Diputados.

En una entrevista en el programa La Bisagra que se emite por Tiempo FM 97.5. la funcionaria se refirió a la denuncia penal ya presentada ante la Fiscalía N.º 2 de Río Gallegos, con base en dos auditorías presenciales realizadas en 2024. Según sostuvo, se detectaron numerosas irregularidades, gastos sin respaldo documental y actos que podrían configurar delitos tipificados en el Código Penal, por un monto total aproximado de 56 millones de pesos.

“El 29 pasado me presenté ante el fiscal en turno a radicar la denuncia penal por posibles actos ilícitos relacionados con el ejercicio de las funciones, o sea, delitos tipificados en el Código Penal contra la administración pública”, relató.

Aseguró que se trata de “delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y adulteración de documento público”, a partir de dos auditorías presenciales desarrolladas en 2024 en el seno de la Legislatura. “La última tomó mayo a octubre del 24, y es la continuidad de una realizada en la primera mitada del año pasado”, precisó.

Respecto al procedimiento, detalló: “En cada una de esas auditorías vos tenés un informe del auditor donde detecta las desviaciones a la legislación vigente y se pone en conocimiento de los responsables para que brinden sus descargos”, y señaló: “Tuvieron casi cuatro o cinco oportunidades en lo que va del año de remitirnos la documentación pero en la gran mayoría de lo auditado, no satisfacieron lo solicitado por los auditores”.

Añadió que “se hace un informe final con un filtrado ya habiéndole dado cinco oportunidades a la Cámara de Diputados para defenderse” y remarcó: “Llegamos al informe final con un resultado de un monto muy importante  que queda sin respaldo documental” y agregó "los resultados de esas Auditorías estuvieron al alcance de todos los integrantes del Tribunal".

Explicó que “la auditoría concluye que la respuesta de los responsables carece de documentación válida y suficiente que justifique -esto es importante- el correcto uso de los fondos de la Cámara de Diputados”, y justificó su accionar señalando “Yo como funcionario público tengo la obligación del Código Penal de denunciar delitos, denunciar ilícitos que encuentre en el ejercicio de mi función, y es lo que hice”.

Criticó con dureza la gestión legislativa del Vicegobernador en su condición de Presidente de la Cámara aseverando “se maneja el presupuesto de la Cámara de Diputados con total discrecionalidad, sin apego a norma legal alguna. Es más, con afrenta y rechazo al control del Tribunal de Cuentas, cuando nuestro trabajo como órgano de contraalor es ayudar a subsanar esos errores administrativos”.

Enumeró las irregularidades detectadas: “Tachaduras en lápiz negro. Es adulteración de instrumentos públicos de la que te hablo. Las facturas tienen fecha anterior al inicio del trámite administrativo, compras que no son urgentes donde se utiliza el fondo rotatorio para fraccionarlas, transferencias a agentes de la Cámara de Diputados para pagar facturas, coronas, alimentos, pasajes o viáticos a gente de otros organismos”.

Uno de los casos más llamativos, según afirmó, fue una ayuda económica a una persona física en nombre de una “futura Fundación” que nunca se constituyó: “Era para Talleres de prevención del suicidio y toxicomanía. Pero esto nunca sucedió”, y agregó: “desde marzo ya se había pagado el alquiler del edificio en más de un millón de pesos y la Fundación no estaba constituida”.

También mencionó las refacciones edilicias efectuadas en el edificio de la Legislatura, instrumentada por Leguizamón cuando inició su mandato, lo que asciende a más de 4 millones de pesos pero las obras no tenían un plan de ejecución y fueron adjudicadas a un proveedor no inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado”. Y concluyó: “Toda la sumatoria que vimos nosotros, inbcluído contratación de publicidad en medios de comunicación asciende aproximadamente a 56 millones de pesos. Solo con estas muestras aleatorias que hemos detectado”.

Consultada por la devolución de una campera de plumas pagada con fondos públicos, indicó: “Lo que supongo que el Vicegobernador dirá es que él devolvió el dinero (...), porque fue lo que hizo. Pero eso no anula el ilícito cometido”, y remarcó: “Tampoco satisfizo a los auditores esta devolución. Es absolutamente irregular ya que no se aclara c´+omo se hizo, desde qué cuenta”.

"Escuché en alguna entrevista que dijo que estaba todo respondido y que todo había sido informado en tiempo y forma. Le sugiero al Vicegobernador que si tiene algo que decir, lo vaya a decir a la Justicia, porque la denuncia está sustanciada y tiene elementos de prueba que tiene que explicar porqué se hicieron de la manera que él instruyó" finalizó la Vocal del Tribunal.