Impulsaron un régimen para priorizar proveedores locales en actividades estratégicas

El proyecto de ley para crear un Régimen de Desarrollo y Priorización de Proveedores Locales en Actividades Estratégicas fue presentado en la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo y girado a comisiones para su análisis. La iniciativa planteó fortalecer el desarrollo económico local y regional mediante la promoción, priorización y control efectivo de la contratación de proveedores santacruceños en actividades consideradas estratégicas para la provincia.

La propuesta estableció la continuidad y modernización del Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas, que tendría carácter obligatorio, público, digital y actualizado en tiempo real. El objetivo central es ordenar la información disponible sobre proveedores locales y facilitar mecanismos de control más efectivos sobre las contrataciones realizadas por empresas alcanzadas por la norma.

El texto consideró proveedores santacruceños a quienes acrediten radicación efectiva, actividad económica y generación de empleo en la provincia. Además, incorporó la posibilidad de establecer categorías diferenciales según localidad, zona de influencia y tamaño de empresa, con el fin de reconocer las distintas realidades productivas del territorio.

Uno de los puntos principales fue la creación del concepto de Zona de Influencia Productiva, definida como el área geográfica directamente impactada por cada proyecto económico estratégico. La reglamentación deberá establecer criterios objetivos como distancia, impacto socioeconómico, infraestructura, municipios alcanzados y actualización periódica.

El proyecto alcanzó a empresas de hidrocarburos, minería, pesca, concesionarias y licenciatarias de servicios públicos, además de grandes proyectos productivos autorizados por la provincia. A partir de ello, planteó un régimen de prioridad territorial para ordenar la contratación en tres niveles: proveedores de la zona de influencia, proveedores del resto de Santa Cruz y proveedores externos.

La iniciativa fijó cupos mínimos obligatorios de contratación: un 30% con proveedores de la zona de influencia productiva y un 20% adicional con proveedores del resto de la provincia. De esta manera, el total mínimo obligatorio de contratación provincial sería del 50%, excluyendo del cómputo aquellos bienes o servicios que no estén disponibles en Santa Cruz.

También estableció una preferencia económica para los proveedores locales cuando sus ofertas no superen en más de un 15% a las alternativas externas, siempre en igualdad de condiciones técnicas. Además, contempló prioridad adicional para micro y pequeñas empresas locales, de acuerdo con lo que determine la reglamentación.

El proyecto creó el Sistema Provincial de Trazabilidad de Contrataciones, con declaración jurada trimestral obligatoria, registro digital de contratos, publicidad de información agregada y auditoría permanente. También previó informes trimestrales y anuales sobre el cumplimiento de la ley.

La iniciativa incluyó programas de desarrollo de proveedores locales, orientados a capacitación, financiamiento y certificación. Además, incorporó un régimen de sanciones que va desde apercibimientos y multas hasta suspensión de beneficios, inhabilitación para contratar con el Estado y revisión de concesiones en casos graves.

El texto fue firmado por los diputados Piero Boffi, Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez.