Fundación Sur advierte que el fallo pone en riesgo la autonomía de los municipios

Luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz revocara la medida cautelar que protegía los fondos de Río Gallegos, la Fundación Sur Santa Cruz emitió un duro documento de análisis institucional en el que advierte sobre el grave riesgo que corre la autonomía de todos los municipios de la provincia. 

A través de un informe la entidad buscó elevar la discusión por encima de la conocida disputa política entre el gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Grasso, señalando que la resolución judicial tiene implicancias de carácter permanente que afectan directamente a la comunidad y no a los gobernantes de turno.?

En su análisis, la Fundación Sur fijó una postura clara frente al origen del conflicto, despegándose de cualquier defensa corporativa de la administración local. La organización calificó como "una política irresponsable en el manejo de personal" la generación de deudas con las cajas provinciales por parte del municipio, advirtiendo que dicha conducta "produce un grave daño al sistema previsional y a la obra social provincial, y con ello a los trabajadores, jubilados, pensionados y sus familias".

Sin embargo, la entidad diferenció tajantemente la existencia de la deuda del método coercitivo que ahora se pretende aplicar. El eje de la preocupación radica en el artículo 22 de la Ley provincial 1782, una norma con más de cuatro décadas de antigüedad que permite a la Provincia confiscar recursos coparticipables sin un debate previo sobre los montos y sin un tope financiero.

"Una cosa es deber aportes; otra muy distinta es que un nivel de gobierno pueda ejecutar administrativamente, por autotutela, los recursos de otro nivel estatal constitucionalmente autónomo", subraya el documento.

El peligro del "daño irreversible" para los vecinos

Para la organización civil, el mayor peligro de haber levantado la medida cautelar es la asimetría de los riesgos mientras se tramita el juicio principal por la inconstitucionalidad de la ley. La cautelar, argumentan, era estrictamente conservatoria y no extinguía la deuda; simplemente evitaba que el municipio se quedara sin recursos en el proceso.

La Fundación Sur alertó sobre las consecuencias inmediatas de habilitar las detracciones de fondos: 

Falta de retroactividad: "Consumada la retención masiva durante el juicio, una eventual sentencia favorable al municipio llegará a una situación irreversible".

Impacto en los servicios: Los recursos afectados sostienen de forma directa "los salarios de naturaleza alimentaria y servicios esenciales para toda la población, incluidos los propios jubilados y pensionados que allí viven".

Hechos consumados: De declararse inconstitucional la norma en el futuro, el fallo llegará tarde, con el "quebranto institucional y social ya producido".

La imparcialidad del nuevo Tribunal ampliado

Un capítulo central del informe de la organización está dedicado al plano político-institucional. La Fundación Sur observó con preocupación que el fallo se produjo a muy poco de la asunción de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia —el cual fue ampliado de cinco a nueve miembros por el actual oficialismo provincial— y que la votación de seis contra tres dividió de manera exacta a los magistrados históricos de los recién incorporados.

El análisis advierte que el rechazo automático (in limine) de las recusaciones presentadas contra los nuevos jueces afecta la confianza pública.

"El diseño institucional que el oficialismo provincial construyó al ampliar el Tribunal produce, en su primer examen relevante, exactamente el resultado que sus críticos anticipaban... Un tribunal cuya composición fue alterada por el poder político que luego resulta beneficiado por sus sentencias carga con un déficit de legitimidad", sentencia el documento de la entidad.

Un precedente para toda la provincia

Finalmente, desde la Fundación Sur Santa Cruz recordaron que la autonomía económica y financiera está consagrada de forma "ilimitable" en el artículo 141 de la Constitución Provincial y en el artículo 123 de la Carta Magna Nacional.

Por este motivo, instaron a la ciudadanía y a los actores políticos a dar un debate estructural y con mirada de futuro. "Si mañana la Provincia puede retener unilateralmente los fondos de Río Gallegos, pasado podrá hacerlo con cualquier municipio o comisión de fomento, gobernado por cualquier partido", concluye el informe, recordando que cuando una garantía constitucional se erosiona por conveniencia coyuntural, "la pérdida es de todos y es permanente".