Entidades de bien público de Santa Cruz podrían tener tarifa diferencial en servicios

El proyecto, impulsado por el diputado Carlos Alegría, busca aliviar la carga económica de instituciones sociales, culturales, deportivas y religiosas que cumplen un rol fundamental en la comunidad santacruceña.

La Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz recibió el proyecto N° 435, que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27.218. Esta normativa, sancionada a nivel nacional en 2015, establece un régimen tarifario específico para entidades de bien público, reconociendo la importancia social y comunitaria de estas instituciones.

El articulado señala que asociaciones civiles, fundaciones, entidades religiosas y demás organizaciones sin fines de lucro podrán acceder a tarifas de energía eléctrica y gas equivalentes a las de los usuarios residenciales de menor consumo. Esta medida busca reducir los costos de servicios públicos que impactan directamente en la sostenibilidad de su trabajo diario.

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El proyecto también establece que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos competentes, será la autoridad de aplicación, con la facultad de dictar normas complementarias y reglamentarias para su implementación. Asimismo, se invita a los municipios de Santa Cruz a adherir y generar convenios que permitan ampliar los alcances de la ley.

En los fundamentos, el diputado Carlos Alegría destacó que las entidades de bien público cumplen un rol insustituible en la sociedad, brindando contención social, asistencia sanitaria, fomento cultural, apoyo educativo y promoción deportiva. Subrayó que el incremento en los costos de energía y gas afecta la capacidad de sostener estas actividades y limita el alcance de sus programas.

La adhesión al régimen tarifario diferencial permitirá un ahorro económico significativo, lo que a su vez posibilitará destinar recursos a fortalecer programas sociales y ampliar el impacto positivo en la comunidad. “Este acompañamiento se traduce en una señal clara de valorización institucional y de compromiso con el fortalecimiento del tejido social”, expresó Alegría en el texto presentado.

El proyecto remarca que esta medida está alineada con los principios de equidad, justicia social y sostenibilidad, ya que garantiza que los recursos estatales se orienten a potenciar la acción de quienes diariamente trabajan por una sociedad más inclusiva y solidaria. Además, reconoce el esfuerzo de voluntarios y dirigentes que sostienen las entidades con recursos limitados.

Finalmente, Alegría pidió a sus pares acompañar la iniciativa, convencido de que su sanción constituirá un paso significativo en la consolidación del compromiso del Estado con estas instituciones. “Se trata de reconocer y respaldar la labor solidaria y comunitaria de las organizaciones que fortalecen nuestra sociedad”, sostuvo el legislador al presentar la propuesta.