Gremios en alerta frente a la Legislatura

Gremios del frente sindical acamparon frente a la Cámara de Diputados de Santa Cruz y realizaron una vigilia durante la madrugada previa a la sesión ordinaria en la que los legisladores debían tratar el proyecto de emergencia económica, financiera y administrativa enviado por el Poder Ejecutivo provincial, una iniciativa que planteó congelamiento salarial, restricciones a mejoras remunerativas y la creación de un régimen de pasividad anticipada voluntaria para trabajadores estatales.

La protesta se desarrolló frente al edificio de la Honorable Cámara de Diputados, donde distintos sindicatos montaron un acampe en señal de rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno provincial. La presencia gremial se extendió durante toda la madrugada previa al inicio del período legislativo ordinario, con el objetivo de visibilizar el malestar de los trabajadores estatales ante el posible avance de las medidas.

El contexto de la manifestación estuvo marcado por la iniciativa que ingresó a la orden del día del cuerpo legislativo y que propuso declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prórroga por hasta doce meses mediante un acto fundado del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la provincia atraviesa una situación de extrema fragilidad fiscal, caracterizada por un nivel de gasto público corriente concentrado principalmente en salarios y prestaciones previsionales. El documento oficial señaló que esta estructura presenta una rigidez que no guarda relación con la evolución real de los recursos provinciales.

En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que el desequilibrio persistente compromete la previsibilidad presupuestaria, limita la capacidad de gestión del Estado y expone a la administración pública a un escenario de deterioro progresivo, producto de obligaciones permanentes que se habrían expandido sin respaldo financiero sostenible a lo largo de los años.

Entre las herramientas previstas en el proyecto se incluyó la posibilidad de reestructurar el gasto público priorizando servicios esenciales como salud, educación, seguridad, previsión social y asistencia social, además de revisar estructuras orgánicas, regímenes de adicionales y renegociar contratos, convenios y subsidios que impliquen erogaciones del Tesoro provincial.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa estableció que durante la vigencia de la emergencia quedaría prohibida la aplicación de incrementos automáticos, cláusulas de indexación, actualizaciones salariales o mejoras remunerativas del personal cuando no existieran recursos presupuestarios y financieros disponibles para afrontarlas.