El reloj electoral ya corre en las Provincias, pero Santa Cruz sigue sin definir las reglas del juego

Mientras el calendario electoral de 2027 comenzó a tomar forma en distintas provincias argentinas, Santa Cruz todavía mantiene pendiente una definición institucional clave: la sanción de una nueva ley electoral que establezca las reglas con las que se desarrollarán los próximos comicios provinciales.

La diferencia con el resto del país es evidente. Gobernadores de distintos signos políticos ya empezaron a confirmar fechas, evaluar desdoblamientos respecto de la elección nacional y delinear sus estrategias electorales. En Santa Cruz, en cambio, el debate aún se concentra en una instancia previa: definir el marco legal que regirá las elecciones de gobernador, intendentes, diputados provinciales, concejales y presidentes de comisiones de fomento.

El escenario nacional comenzó a acelerarse tras el Mundial. El Gobierno nacional busca avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cerrar acuerdos políticos con distintos gobernadores, mientras las provincias procuran preservar sus estrategias electorales y, en muchos casos, separar sus comicios de los nacionales.

El primer mandatario en oficializar un calendario fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien confirmó que las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027. A partir de allí comenzaron a sucederse definiciones similares en distintos distritos.

Salta, Chubut, Misiones, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Tierra del Fuego, Río Negro, Entre Ríos y San Juan ya expresaron públicamente su intención de votar en una fecha distinta a la elección nacional o analizan hacerlo. En otros casos, como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las definiciones quedaron supeditadas a lo que ocurra con la reforma política impulsada desde la Casa Rosada.

Mientras buena parte del país discute cuándo votar, Santa Cruz todavía debate cómo lo hará.

Una ley que nació con fecha de vencimiento

El punto de partida del escenario actual se remonta al 21 de mayo de 2025, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Electoral Provincial Transitoria N° 3929.

La sesión extraordinaria fue presidida por Javier Jara, en reemplazo del vicegobernador Leguizamón, quien se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo Provincial. Con 21 legisladores presentes, la iniciativa enviada por el Ejecutivo recibió el respaldo de todos los bloques políticos.

El proyecto surgió para dar una respuesta inmediata a una situación excepcional: establecer un régimen electoral que permitiera convocar a elecciones extraordinarias para cubrir la vacancia en la Presidencia de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, luego de la derogación de la Ley de Lemas y el fallecimiento de Jorge Soloaga.

Durante el tratamiento legislativo, los diputados acordaron modificaciones técnicas al texto original sin alterar el espíritu de la propuesta, alcanzando un amplio consenso político.

La norma estableció que la elección de gobernador y vicegobernador, intendentes, presidentes de comisiones de fomento y representantes del Consejo de la Magistratura sería directa y por simple pluralidad de sufragios, conforme a la Constitución Provincial.

También dispuso que el Tribunal Electoral Permanente actuaría como autoridad de aplicación para el registro de candidaturas, la oficialización de listas y la aprobación de las boletas de sufragio, incorporando además la Boleta Única de Papel como instrumento electoral.

Entre otras disposiciones, reguló el sistema de reemplazo de legisladores y concejales ante vacancias, fijó que el Poder Ejecutivo debía convocar a elecciones con una antelación mínima de 120 días y estableció mecanismos para garantizar la organización de los comicios extraordinarios.

Sin embargo, el aspecto más importante de aquella norma fue su carácter transitorio.

La propia ley estableció que tendría vigencia únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025, fijando un plazo improrrogable para que la Legislatura elaborara y sancionara un régimen electoral permanente, consensuado entre las distintas fuerzas políticas.

Ese plazo venció sin que la provincia lograra aprobar una nueva legislación.

Del régimen transitorio a una reforma integral

Con la caducidad de la Ley 3929, el debate pasó a una nueva etapa.

A fines de abril de 2026 comenzó a discutirse en la Legislatura una propuesta de reforma electoral integral que buscó redefinir el sistema electoral santacruceño en su conjunto y no únicamente resolver aspectos puntuales del proceso electoral.

La iniciativa fue presentada como un "régimen integral de transparencia y selección democrática de candidaturas", con el propósito de establecer un nuevo marco normativo para todos los procesos electorales provinciales.

Uno de los principales ejes del proyecto fue la implementación de la Boleta Única de Papel como único instrumento de votación en todo el territorio provincial.

La propuesta planteó reemplazar las tradicionales boletas partidarias por una única papeleta confeccionada por el Estado, concentrando en un solo documento toda la oferta electoral.

Según los fundamentos, el cambio permitiría simplificar el acto electoral, garantizar igualdad de condiciones para las fuerzas políticas y fortalecer la transparencia del proceso.

El texto sostuvo además que el sistema vigente generaba dificultades logísticas y situaciones que podían afectar la expresión de la voluntad popular, por lo que la boleta única ofrecería un mecanismo más claro y accesible para el electorado.

Otro de los cambios estructurales planteados fue la eliminación de los mecanismos de acumulación de votos.

El proyecto prohibió expresamente la utilización de lemas, sublemas y colectoras, al considerar que esos sistemas distorsionaban la relación entre el voto emitido por los ciudadanos y el resultado final de las elecciones.

En ese sentido, los fundamentos afirmaron que la reforma debía garantizar que cada voto se tradujera de manera directa en la candidatura elegida por el elector.

La iniciativa también incorporó un tercer eje de discusión: la simultaneidad electoral obligatoria.

El articulado propuso que las elecciones provinciales y municipales se realizaran el mismo día, eliminando la posibilidad de convocar a comicios desdoblados dentro del territorio santacruceño.

Junto con esas modificaciones, el proyecto incluyó nuevas reglas vinculadas con la transparencia del proceso electoral y el financiamiento de las campañas, ampliando el alcance de la discusión hacia una reforma integral del sistema.

Un debate todavía abierto

A poco más de un año de las elecciones de 2027, Santa Cruz continúa sin una ley electoral definitiva.

Mientras el resto de las provincias comienza a ordenar su calendario político y a definir las fechas en las que concurrirá a las urnas, la provincia todavía debe resolver cuál será el régimen electoral que reemplazará a la Ley Provincial Transitoria N° 3929.

En la actualidad, distintas iniciativas permanecen en análisis dentro de la Legislatura Provincial, donde los diputados buscan alcanzar los consensos necesarios para sancionar una norma permanente que establezca las reglas de los próximos procesos electorales.

La definición no será menor. Del texto que finalmente apruebe la Cámara dependerán aspectos centrales del sistema político santacruceño, como el instrumento de votación, la organización de los comicios, las reglas para la competencia electoral y el marco jurídico que regirá las elecciones de 2027.

Así, mientras gran parte del país ya discute el calendario electoral, en Santa Cruz el desafío sigue siendo anterior: consensuar las reglas del juego antes de ponerle fecha a las urnas.