El Gobierno nacional eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 787/2025, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía). El texto argumentó que el esquema anterior “dificultaba la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país” y que la obligación de informar anticipadamente los montos “limitaba la capacidad de los establecimientos para ajustar sus precios a las fluctuaciones del mercado”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que “este viejo esquema, similar a una suerte de ley de alquileres, obligaba a estos colegios a fijar aumentos anticipados y que, luego de implementados en marzo, debían mantenerse por un año. Esto generaba aumentos de cuotas sobredimensionadas en el arranque del año”, señaló.

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Agregó además que “con esta derogación, se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos. Esto permite estabilizar el gasto de las familias en educación y favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable para estas instituciones que representan, como decíamos, cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país (alrededor de 2.000). Los propios colegios se angustiaban con la necesidad que se les imponía de saltos tan grandes en las cuotas en el arranque del año”, manifestó Sturzenegger.

El texto firmado por Milei y su gabinete también sostiene que el régimen de control “terminaba perjudicando a las familias”, dado que muchos colegios “fijaban cuotas más elevadas de lo necesario” por temor a aumentos de costos que luego no fueran autorizados.

En Santa Cruz, la medida impactará sobre 38 colegios privados que cuentan con subsidio estatal. De ellos, 13 están en Río Gallegos, 5 en Caleta Olivia, 5 en El Calafate, 3 en Pico Truncado, y los restantes se distribuyen entre otras siete localidades de la provincia.

“El principio de libre contratación debe ser resguardado”, establece el decreto, al sostener que los colegios privados “deben tener la libertad de definir sus políticas de precios y salarios” sin intervención estatal.
Además, el Poder Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento de la educación pública de gestión privada, para adecuarlas al nuevo marco de desregulación.

La norma entró en vigencia este lunes tras su publicación en el Boletín Oficial, y se enmarca en la política general del Gobierno nacional orientada a reducir la intervención del Estado en distintos sectores de la economía.