El Concejo aprobó la emergencia económica municipal de Caleta Olivia

La sesión extraordinaria -realizada de manera virtual el viernes- logró finalmente el quórum necesario luego de que miércoles y jueves no pudiera tratarse el tema por ausencias clave en el recinto.

Dos días de bloqueo y un decreto modificado

El miércoles, ningún concejal se presentó a la sesión convocada para tratar el decreto original enviado por el Ejecutivo. En ese contexto, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO), junto al concejal opositor Carlos Aparicio, se reclamaron modificaciones puntuales al texto.

El Ejecutivo respondió enviando un decreto corregido, incorporando los cambios solicitados.

Sin embargo, el jueves volvió a frustrarse la sesión extraordinaria: esa vez no dieron quórum los concejales Iris Casas, Carlos Aparicio y Juan Curallán, presentándose únicamente Ariel Farías y el presidente del cuerpo, Facundo Velarde.

Quórum y votación dividida

Recién este viernes se logró destrabar el escenario político. Con la presencia de Facundo Belarde, Ariel Farías e Iris Casas, el cuerpo deliberativo alcanzó el quórum y aprobó la emergencia con votos del oficialismo.

Votaron en contra los concejales Carlos Aparicio y Juan Curallán, anticipando un debate político que continuará en los próximos días y que será abordado en una nota aparte.

Qué habilita la emergencia

El decreto aprobado declara la emergencia económica y administrativa en el ámbito de la Municipalidad de Caleta Olivia y faculta al Departamento Ejecutivo a: Adoptar medidas que garanticen el funcionamiento de los servicios municipales.
Dejar sin efecto instrumentos legales, contratos o disposiciones que puedan comprometer el erario o el patrimonio municipal vigentes al 31 de diciembre de 2025.

Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar desafectaciones presupuestarias y reordenamientos administrativos.
Finalizar, desde el 31 de diciembre de 2025, adscripciones y préstamos de personal fuera del ámbito municipal, salvo excepciones justificadas. Suspender por un año el ingreso de personal, con excepciones puntuales definidas por decreto.

El decreto fue refrendado por el secretario de Hacienda, Franco Antipani, y ahora entra en plena vigencia.