El CAP envió el informe por canales en ríos tras reclamo de pescadores

El presidente del CAP (Consejo Agrario Provincial), Javier de Urquiza, indicó que el área que representa ya envió a la Cámara de Diputados el pedido de informes solicitado por el legislador Matías Mazú, respecto de los canales de agua que se realizan en los cursos de los ríos en la Provincia de Santa Cruz.

El informe –según dijo el funcionario- ingresó poco antes de la última sesión ordinaria del pasado 28 de noviembre, donde desde la Dirección Provincial de Recursos Hídricos que depende del CAP, detallaron el manejo y control del agua pública. “Hay una ley que se cumple; hay una legislación que fue modificándose de acuerdo a distintas realidades”, dijo.

(Los productores ponen compuertas en los canales).

Cómo es el uso del agua pública- Cabe recordar que, en el mes de noviembre pasado, dábamos cuenta de la preocupación que existe en los pescadores de la región, por los canales y compuertas realizados en los ríos de la zona, lo cual genera que las especias –en muchos de los casos- suban por esos canales y no por los cauces normales.

La novedad se dio a conocer luego que en la Cámara de Diputados se presentara un pedido al Poder Ejecutivo para que elabore y remita un informe completo detallando los desvíos artificiales de los ríos de la Provincia de Santa Cruz y en especial de los Ríos Coyle, Pelque, Gallegos y otros afluentes.

Al respecto, De Urquiza, en una entrevista realizada esta semana en Tiempo FM, mencionó además que se puede clasificar el uso del agua pública en dos aspectos fundamentales: Lo que se denomina el uso industrial que es la que se destina para la actividad petrolera, minera y uso de la industria frigorífica. Y, por otro lado, el agua destinada a los procesos productivos agropecuarios.

“Nuestra provincia tiene zonas definidas que dependen del agua para la producción como la frutícola en el caso de Los Antiguos, agrícola en Perito Moreno y Gregores” y en ese caso “lo que hace la autoridad de aplicación es ordenar el uso de esa agua y con diferencia de la otra, no se les cobra un canon”.

Detalló –a modo de ejemplo- que en Los Antiguos hay 53 kilómetros de canales; en Perito Moreno hay 38 kilómetros; en Gobernador Gregores más de 25 kilómetros de canales destinados a los procesos productivos. “No habría cereza en Los Antiguos si no estuviera la oferta de agua; no habría agricultura en los valles de Gregores y Perito si no estuviera la oferta de agua”, manifestó.

(El Vizcachas, uno de los ríos más usados para la pesca deportiva).

Aumento del canon- De Urquiza expresó que, cuando se hizo cargo del área, la gobernadora Alicia Kirchner les hizo un encargo de actualizar el cobro del canon de agua. “Tuve una charla interesante con el diputado (Mazú), porque en la nota que leí, se planteaba que no se estaba haciendo un cobro del agua en los casos donde se cobra” dijo y aclaró que sí se lo hace a la actividad minera, petrolera, frigorífica e industrial.

“En estos años hemos multiplicado por seis el cobro del canon de agua pública”, sostuvo el Presidente del CAP, dato que expresó, fue incorporado en el informe elevado a la legislatura provincial. Aunque “debo ser honesto en decir que todavía nos falta mucho a nivel de inspección”.

Seguidamente, afirmó: “Nosotros no ponemos impedimentos al productor ganadero para que use el agua para mejorar su producción, pero sí tiene que estar ordenado, declarar su obra, declarar su compuerta, decir qué cantidad de agua va a usar para riego”.

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En cuanto al otro actor que aparece en esta cuestión, que son aquellos que se dedican a la pesca deportiva, Javier De Urquiza sostuvo que tienen mucho cuidado con eso y que cada obra que aprueban toman en cuenta varios elementos.

Lo que primero se estima –según consignó- es cuál es el caudal del río, que van de 700 metros cúbicos por segundo como es el caso del Santa Cruz, a ríos como el Gallegos que tienen entre 40 y 50 metros cúbicos. “En base a ese estudio, autorizamos o no las distintas obras”, dijo.

Entre otras consideraciones, manifestó que cada vez que encuentran una distorsión a lo que dice la ley, le hacemos el reclamo al productor, intentamos ordenarlo, y si no, usamos el extremo máximo que es cerrar las compuertas y dejar inhabilitado el uso del agua”, aseveró.