Diputados de UxP no darían acuerdo a la designación de Baños

Desde el 1 de enero del 2026, el gobernador Claudio Vidal designó a Fernando Rodrigo Baños como nuevo Presidente de la empresa Fomento Minero Santa Cruz (FOMICRUZ) Sociedad del Estado (S.E.) en reemplazo de Oscar Vera, pero su designación necesita el Acuerdo respectivo de la Cámara de Diputados de la Provincia tal y como lo establecen las normativas en vigencia.

Si bien la Legislatura Provincial no ha dado tratamiento al expediente debido al receso en su período de sesiones parlamentarias, los legisladores del Bloque de Unión Por La Patria (UxP) anticiparon que no apoyarían con su voto la designación, por considerar que el designado presenta incompatibilidades con el desarrollo de sus funciones.

Baños, con domicilio fiscal en ARCA en Perito Moreno, es esposo de la actual Ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, y además se desempeñó en varias empresas del sector. Entre los años 2015 a 2019 fue Representante Comercial en Zona Sur de la empresa Argenteo Mining, además de haber cumplido diversas funciones en otras firmas del sector minero. En octubre del 2024, Baños inscribió su firma BFG Industrial SRL con CUIT N° 30-71730176-1 con domicilio real y fiscal en calle Rivadavia N° 1.016 de la localidad de Perito Moreno como Proveedora del Estado en Santa Cruz, bajo el N° 2802, para desarrollar la actividad de Prestación de Servicios para el ítem contemplado en el Rubro 1500/09 Explotación de Minas y canteras; 1600/01 Ferretería en General; 1600/23 Instalaciones eléctricas de gas, agua y sanitarios y de climatización; 1600/17 Empresas de construcción entre otros rubros.

El diputado Eloy Echazú anticipó a TiempoSur que no acompañará con su voto el Acuerdo para la designación de Baños, y aseguró “sé que otros diputados del Bloque también seguirán esta misma línea y no votarán la designación” ya que remarcó “claramente hay incompatibilidades en el desempeño de las funciones que no podemos ignorar”.

“No sólo hay una línea muy difusa sobre la designación, sino que además es nuestra obligación velar por los intereses de los santacruceños cuidando los recursos públicos y evitar situaciones que pudieran implicar malos manejos o el tráfico de influencias, más tratándose de un ente del Estado que tiene vínculo y realizará negociaciones con muchas empresas del sector” agregó.

“No es una cuestión personal, tiene que ver con evitar suspicacias que pudieran entorpecer o hasta incluso dañar el desarrollo de la actividad. Y no se puede ser juez y parte en esta situación” remarcó.