Daniel Arroyo critica la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad

En diálogo con La Sobremesa, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado nacional Daniel Arroyo denunció la decisión del gobierno de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad para luego suspender su aplicación, generando "angustia y desesperación" en miles de familias.

Arroyo expresó su rechazo con firmeza: calificó la acción oficial como "absurda y claramente fuera de la ley". Según detalló, la norma había sido vetada previamente, pero fue ratificada con el apoyo de “más de dos terceras partes, con los votos de la Cámara de Diputados y de senadores”. Pese a ello, el Ejecutivo optó por “promulgar y ponerla en suspensión diciendo, ‘Díganos de dónde sacamos los recursos del presupuesto’”.

El legislador advirtió sobre el desorden financiero que atraviesa el país: “La Argentina hace 2 años que no tiene presupuesto, literalmente todos los días, es sacar presupuesto a un lado y ponerlo en el otro”. A su entender, la situación golpea con dureza a las personas con discapacidad y a sus familias, quienes “no están accediendo a lo básico de lo básico”.

Arroyo expuso ejemplos concretos: “Hoy quienes trabajan en una compañía terapéutica siguen cobrando $3000 pesos la hora. Hoy el transportista está cobrando $541 pesos el litro de nafta y como la nafta sale $1500 pesos, lo está llevando con mucha suerte dos veces por semana y no las cinco que requiere el tratamiento. Hoy están a punto de cerrar los hogares, los centros no pueden más, hay gente que está haciendo feria americana, rifa, no sabe más que inventar”.

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Enfatizó además que la Ley de Emergencia en Discapacidad “está fuera de la grieta, que es de pura justicia, que ha tenido una gran mayoría de apoyo, tanto la familia, las personas con discapacidad, las organizaciones como claramente ha tenido un apoyo muy fuerte aún dentro del sistema político, lo votaron de todos los bloques”. Por eso, insistió en que suspenderla es “inconstitucional”.

Arroyo cuestionó la falta de claridad en la gestión: “Nadie sabe cuáles son las políticas públicas reales que tiene el gobierno”. También sostuvo que la medida “busca hablarle a los mercados y no moverse un milímetro de un plan trazado cuando esto no tiene impacto fiscal, no tiene impacto económico”. Recordó que el Estado “no actualizó el nomenclador, no mejoró el valor de las prestaciones, solo lo hizo 0,5% durante todo este año, con lo cual le debe a las personas con discapacidad y a su familia”.

Finalmente, planteó tres caminos posibles para revertir la situación: “Uno que yo espero que se dé es que prime el sentido común y el gobierno ponga en marcha la ley. El segundo es el camino de la justicia y de hecho hay varios jueces que ya han planteado y han fallado diciendo, ‘Usted tiene obligación del estado, de poner en marcha la ley, no la puede vetar, es su obligación actualizar el nomenclador’. Y la tercera es el camino legislativo y se han presentado varios pedidos de interpelación al jefe de gabinete”. Para Arroyo, “lo que necesitamos no es un conflicto de poderes, sino poner en marcha la ley”.