Convocaron a extraordinaria para la restitución de Sosa como procurador

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz fue convocada formalmente a una Sesión Extraordinaria para este lunes 6 de octubre a las 14:00 horas, en la Sala de Sesiones de Río Gallegos. La convocatoria fue emitida por la Vicepresidencia Segunda en ejercicio de la Presidencia, conforme lo establece el Decreto Provincial N° 0687/25, y se fundamenta en los artículos 90 y 91 de la Constitución Provincial y el artículo 35° del Reglamento de la Cámara.

El documento oficial señala que el llamado a sesión se realiza con el objeto de tratar dos asuntos de relevancia institucional. El primero, bajo la Nota GOB N° 029/25, corresponde al “Tema propuesta por orden alfabético y en pliego abierto de los profesionales que se proponen para conformar el Tribunal Superior de Justicia en carácter de Vocales de ese Cuerpo Colegiado”. El segundo, enmarcado en la Nota GOB N° 030/25, incluye el Proyecto de Ley N° 561/25, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, que propone la modificación de artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 1600 y sus modificatorias.

La medida obedece a la necesidad de cumplir con los mandatos constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo y con el espíritu de la normativa vigente que regula las sesiones extraordinarias. El texto dispone la convocatoria “para el día 6 de octubre de 2025 a las 14:00 horas, en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 90 y 91 de la Constitución Provincial”.

El Proyecto de Ley N° 561/25, ingresado a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el pasado 3 de octubre a las 16:39 horas, plantea una reforma estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de restablecer la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como Jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. El Ejecutivo provincial destacó que se trata de una iniciativa “de trascendental importancia institucional, ya que tiende a saldar una deuda histórica de la Provincia de Santa Cruz y a restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional gravemente menoscabada por el incumplimiento de mandatos judiciales”.

En los fundamentos del proyecto, el documento recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó fallos en los años 2009 y 2010 que ordenaban la restitución en el cargo del procurador Eduardo Emilio Sosa, desplazado en 1995 a través de la Ley N° 2404. Pese a las reiteradas órdenes judiciales, la provincia no concretó su reincorporación, incurriendo, según expresa el texto, “en una persistente y reiterada reticencia para disponer la reincorporación del Procurador General Eduardo Emilio Sosa, a pesar de que esta Corte ordenó su restitución”.

El mensaje del Poder Ejecutivo subraya que el tiempo transcurrido y la omisión de acatar los fallos constituyeron “un palmario desconocimiento del principio de división de poderes y una agresión al funcionamiento de las instituciones republicanas locales”. En ese sentido, la propuesta busca reparar el atropello institucional que afectó a la figura del Procurador General y dotar al Ministerio Público de una estructura jerárquica sólida que garantice su independencia frente a los otros poderes del Estado.

El proyecto establece que el Procurador General será el primero en la línea de subrogación para integrar el Tribunal Superior de Justicia en caso de vacancia o impedimento de sus miembros, y que tendrá la facultad de delegar o reasumir competencias por avocamiento, asegurando “una línea de mando clara y un control efectivo sobre la superintendencia del Ministerio Público”.

Asimismo, se define que el Procurador será asistido por el Agente Fiscal y el Defensor Público Oficial ante el Tribunal Superior de Justicia, quienes integrarán la estructura jerárquica del Ministerio Público. El texto precisa que todos ellos deberán reunir las condiciones establecidas por el artículo 127 de la Constitución Provincial y serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados.

Entre las reformas más significativas, el nuevo articulado redefine el Capítulo I del Título Tercero de la Ley N° 1600, incorporando un esquema que fortalece las atribuciones del Procurador, el Agente Fiscal y el Defensor Público, con especial énfasis en la superintendencia, el control interno y la coordinación de funciones en el ámbito judicial.

El Poder Ejecutivo, en su exposición, enfatizó que “la reforma no sólo busca saldar la deuda con la Procuración, asegurando que el abuso institucional que sufrió la figura del Procurador General no se repita, sino que, además, alinea la estructura del Ministerio Público con las exigencias de un sistema republicano que respeta las decisiones del Poder Judicial Federal”.

El tratamiento de este proyecto se da en paralelo a la evaluación de los pliegos de profesionales propuestos para integrar el Tribunal Superior, lo que otorga a la sesión del lunes un carácter clave en el reordenamiento institucional del Poder Judicial santacruceño.