Chute calificó de “disparate jurídico” el intento de prohibir marchas cerca de escuelas

El secretario Legal y Técnico del Municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute, cuestionó en duros términos el proyecto de ley presentado por legisladores del bloque SER que busca restringir las manifestaciones en un radio de 200 metros de las escuelas. En diálogo con La Bisagra, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, días atrás sostuvo que se trata de una iniciativa “inconstitucional”, que carece de sustento jurídico y que afectaría directamente el derecho a la protesta frente a edificios públicos claves, como la Casa de Gobierno o la Cámara de Diputados.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz y establece que se prohíban las manifestaciones, marchas o protestas sociales en inmediaciones de instituciones escolares durante los días de actividad educativa. El proyecto contempla además sanciones para organizaciones sociales o sindicales que incumplan la normativa, incluyendo la posibilidad de perder el permiso de funcionamiento en caso de reincidencia.

Chute aclaró que “tengo entendido que esto, lo que tomó trascendencia pública, no es del Gobierno, sino del bloque SER de la Cámara de Diputados en particular. Fueron ciertos diputados los que lo presentaron y se hicieron cargo”. En ese sentido, criticó que los autores del proyecto no consideren los límites constitucionales del poder legislativo: “Cuando uno ejerce una función pública, tiene que saber qué puede hacer y qué no. Cada nivel de gobierno tiene su competencia y sus límites para regular esas cuestiones”.

Cuestionó además la posibilidad misma de que la Legislatura tenga atribuciones para emitir este tipo de norma: “No tenés la competencia ni siquiera para emitir la norma, fuera ya del análisis profundo de la constitucionalidad. Es una restricción, un intento de restringir que además uno ve las intenciones”. Indicó que con esta propuesta, “estás poniendo que no haya marcha frente a Casa de Gobierno, como es cada vez más habitual”, debido a la cercanía con instituciones educativas.

Al referirse a la posibilidad de que el proyecto avance, Chute fue tajante: “Me parece que son cuestiones que no tienen mucho sentido, que no tienen golete y que tampoco me preocupan demasiado. Si fueran aprobadas, caen inconstitucionales en dos días, porque son cuestiones palmariamente inconstitucionales. Ni siquiera hay que analizar demasiado el fondo”.

Recordó que se trata de un debate “saldado hace muchísimos años” y rememoró antecedentes como el intento de reinstaurar el presentismo en 2007. Incluso en un escenario hipotético de encuadrarlo bajo “ruidos molestos”, argumentó que “eso es competencia municipal. Te lo dice la Constitución, artículo 150. No puede haber una ley provincial que regule los espacios públicos dentro del ejido urbano”.

Sobre las sanciones propuestas para las organizaciones sociales, Chute remarcó que “una sanción sería quitarle el permiso de funcionamiento a las organizaciones que hayan incumplido esta restricción más de dos veces”. Subrayó que “no podés regularlo con una ley provincial. Está prohibido. Son facultades que no son de la provincia”, además de señalar la incompatibilidad con tratados internacionales como el Convenio 87 de la OIT, que prohíbe la suspensión de sindicatos sin intervención judicial.

Finalmente, vinculó la iniciativa con el contexto político y social actual: “Estamos en una situación social cada vez más caótica, más compleja. Creo que fue una especie de manotazo de ahogado para impedir esto. Sacan esta ley en un contexto de conflictividad social ascendente”. Recordó que el mismo gobernador, antes de asumir, “hizo una marcha masiva frente a Casa de Gobierno. Esa marcha de agua, pan y trabajo estaría prohibida por esta ley”.

Desde el punto de vista técnico, Chute no dudó en calificar el proyecto como “un disparate jurídico”, y sostuvo: “No se puede rescatar ni un solo concepto de la ley, ni un artículo. Ni uno zafa. Es por un desconocimiento supino de la estructura constitucional argentina”. Cerró expresando su deseo de que “ese proyecto va a quedar en la nada. Quiero creerlo. Porque si llega a aprobarse y promulgarse, constitucionalmente no pasa el más mínimo test”.