Diputados

Buscan que Santa Cruz implemente el Protocolo para el aborto

Es una iniciativa impulsada por diputados y diputadas del Frente de Todos. Se trata de una guía que aplica para efectores de los sistemas públicos y privados de salud, con el objetivo de garantizar su acceso a personas gestantes. También se buscará adherir a la Ley nacional de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia .  

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Legisladores del Bloque del Frente de Todos en la Legislatura Provincial, presentaron un Proyecto de Ley mediante el que se busca que Santa Cruz adhiera al “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, Actualización 2021”, puesto en vigencia el pasado 27 de mayo.

Este protocolo, fue establecido Resolución N° 1535/2021 del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la Ley Nacional 27.610, y a partir de su adhesión, la implementación en hospitales públicos y privados deberá ser obligatoria para todos los efectos de salud.

Al momento de fundar este Proyecto de Ley, se tuvo en cuenta que “esta actualización es central al momento de brindar herramientas al personal sanitario para llevar adelante estos procedimientos, a través de un marco regulatorio y de pautas clínicas que garanticen estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, opciones disponibles e información actualizada a las personas gestantes, derecho que debe no sólo respetarse, sino también protegerse”, señalan.

 

 

Un aspecto a destacar es que, con esta Guía, se contempla el derecho del profesional de la salud a ejercer la objeción de conciencia, es decir, decidir no efectuar dicha Interrupción, aunque no deben obstaculizar la práctica, decisión que debe ser mantenida en todos los ámbitos: tanto público como privado. También establece que ante la llegada de una persona gestante que solicite la interrupción del embarazo, el profesional de salud objetor, deberá derivarla sin dilaciones para que sea atendida por otro profesional, salvo que la vida de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata, definiendo también que esta objeción de conciencia es individual, no institucional.

Además, se argumentó que “todo el personal de salud - incluyendo el administrativo y de seguridad - es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo’, a partir de lo cual, consideramos necesario que se debe adherir a esta actualización, a los efectos de no dejar librado al azar ningún aspecto en los que debe intervenir el personal de Salud cuando se lo requiera”, sostuvieron, al tiempo que recordaron que “en la Sección V de nuestra Constitución Provincial, en su Capitulo II, en su artículo 104, punto 4) se dispone que es atribución de este Poder Legislativo, legislar sobre lo conducente a la salud pública y a la asistencia, acción y previsión social, resultando por ello la clara competencia de este cuerpo en la presente materia”.

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