Buscan limitar débitos sobre cuentas sueldo de estatales y municipales

En la jornada legislativa del pasado jueves, que finalmente quedó suspendida, ingresó una iniciativa del bloque Por Santa Cruz para proteger el carácter alimentario del salario de trabajadores públicos y municipales, fijar topes a los descuentos automáticos sobre cuentas sueldo y obligar al Banco Santa Cruz S.A. a garantizar un piso disponible del 70% del haber neto.

El proyecto N° 074 planteó la creación de una ley destinada a resguardar los haberes de empleados públicos frente a débitos bancarios, en medio de un escenario de fuerte endeudamiento de familias santacruceñas. La propuesta fue presentada para la sesión del pasado jueves, aunque esa instancia legislativa quedó suspendida y el tratamiento no avanzó.

La iniciativa estableció que ningún descuento automático, débito o retención sobre cuentas sueldo podrá superar el 30% del haber mensual neto del trabajador. En esa línea, determinó además que la entidad financiera deberá garantizar que cada empleado disponga como mínimo del 70% de su salario neto, al que le otorgó carácter inembargable e intangible, salvo orden judicial.

El texto también indicó que cualquier débito que exceda ese límite será nulo de pleno derecho y deberá ser reintegrado de manera inmediata. A su vez, dispuso que las obligaciones crediticias que no puedan descontarse por superar ese tope deberán ser reprogramadas automáticamente, sin intereses punitorios, cargos adicionales ni penalidades sobre los montos reestructurados.

Entre los puntos centrales, el proyecto prohibió al Banco Santa Cruz S.A. otorgar préstamos, adelantos o financiamiento que lleven al trabajador a superar el 30% de su haber mensual comprometido. También fijó un límite para tarjetas de crédito destinadas a trabajadores cuyos salarios se acrediten en cuentas sueldo, al señalar que la financiación no podrá superar el equivalente a tres haberes mensuales netos.

La propuesta sumó, además, la obligación de realizar una evaluación integral de la capacidad de pago antes de otorgar cualquier producto crediticio. En caso de incumplimiento, previó la nulidad de las obligaciones contraídas en exceso de los límites fijados por la ley, junto con sanciones que podrían incluir multas, devolución obligatoria de fondos, suspensión de operaciones y otras medidas reglamentarias.

En sus fundamentos, los autores sostuvieron que numerosos trabajadores ven afectados la totalidad de sus ingresos por descuentos automáticos vinculados a préstamos personales, tarjetas de crédito y otros productos financieros. En ese marco, advirtieron que esa situación provoca, en muchos casos, haberes nulos o insuficientes para cubrir necesidades básicas, lo que vulnera derechos fundamentales.

La iniciativa llevó las firmas de los diputados Fabiola Loreiro, Cristian Ojeda, Adriana Nieto López, Javier Jara y Santiago Aberastain, todos del bloque Por Santa Cruz, y quedó incorporada entre los proyectos ingresados para la sesión del jueves que finalmente no se concretó.