Proponen crear la Oficina Anticorrupción de Santa Cruz

El diputado provincial Pedro Muñoz, del bloque Coalición Cívica ARI, presentó un proyecto de ley que propone la creación de la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Santa Cruz (OASC), con personería jurídica pública e independencia funcional, dependiente del Poder Legislativo. La iniciativa planteó modificar las leyes provinciales N° 3034 y 3325, con el objetivo de prevenir, detectar, investigar y sancionar administrativamente las conductas contrarias a la ética pública, además de denunciar ante la Justicia los hechos de corrupción, en consonancia con las Convenciones Internacionales vigentes.

La OASC tendría competencia sobre toda la Administración Pública Provincial, incluyendo organismos centralizados y descentralizados, empresas con participación estatal, municipios que ejecuten fondos provinciales, y contratistas o proveedores del Estado. También podría actuar en casos vinculados con los poderes Legislativo y Judicial, preservando pruebas y colaborando con los órganos competentes.

Entre sus facultades, la Oficina estaría habilitada a recibir denuncias de cualquier ciudadano —incluso de forma anónima—, investigar de oficio cuando existan sospechas fundadas, requerir documentación, citar testigos, realizar inspecciones, y acceder directamente a información pública, bancaria o fiscal. Además, podría actuar como querellante penal en los procesos derivados de sus investigaciones y promover políticas de transparencia y ética ciudadana.

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El proyecto estableció que la OASC sería dirigida por un Titular y un Adjunto, ambos abogados con más de seis años de ejercicio profesional, designados por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Su mandato sería de seis años, con posibilidad de una reelección, y con incompatibilidad para actividades partidarias o privadas.

En cuanto al presupuesto, la iniciativa contempló partidas específicas dentro del Presupuesto del Poder Legislativo, con la obligación de presentar informes semestrales y una memoria anual pública sobre su gestión. Dichos informes deberán estar disponibles en un portal web para garantizar el acceso ciudadano a la información.

El texto legal propuso sustituir el Capítulo VII de la Ley N° 3034, creando formalmente la Oficina Anticorrupción como órgano autónomo encargado de velar por la prevención e investigación de las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley Nacional 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley Nacional 26.097).

La norma dispuso que la OASC no estaría sujeta a instrucciones ni dependencia jerárquica de ninguno de los tres poderes del Estado, sometiéndose únicamente al control externo de la Cámara de Diputados y del Tribunal de Cuentas, dentro de sus competencias.

Además, la propuesta incluyó un artículo que garantiza a la Oficina acceso directo e irrestricto a documentación pública y datos bancarios, fiscales o societarios cuando sean necesarios para una investigación, sin requerir autorización previa del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

El Titular de la Oficina tendría un rango equivalente al de un Agente Fiscal de Primera Instancia, mientras que el Adjunto sería equiparado a un Secretario de Juzgado de Primera Instancia, con dedicación exclusiva. La selección del Adjunto se realizaría mediante un concurso público de antecedentes y oposición, evaluado por una Comisión Ad Hoc integrada por representantes de todos los bloques parlamentarios, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz y organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, el proyecto señaló que tanto el Titular como el Adjunto gozarían de inamovilidad durante su mandato, y que su remoción solo sería posible por causales específicas previstas en la Ley 3859 o por sumario instruido conforme al régimen administrativo provincial.

En sus fundamentos, Muñoz sostuvo que la iniciativa busca “superar el modelo nacional dependiente del Poder Ejecutivo y fortalecer la transparencia institucional en Santa Cruz”, dotando a la provincia de un organismo independiente y eficaz para la lucha contra la corrupción, alineado con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.