Advierten que la baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema

La defensora general del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Romina Saúl, cuestionó la nueva legislación sobre el régimen penal juvenil en Argentina y sostuvo que la norma promulgada tras su publicación en el Boletín Oficial representa un retroceso en materia de derechos humanos y una posible vulneración de estándares constitucionales e internacionales. Las declaraciones las realizó en diálogo con el programa Planeta que se emite por Tiempo FM 97.5, donde analizó el impacto de la baja de la edad de imputabilidad en el sistema penal argentino.

En ese contexto, la funcionaria explicó que el debate sobre el régimen penal juvenil viene desarrollándose desde hace años y remarcó que desde distintos sectores se había advertido sobre los riesgos de la reforma. En ese sentido indicó que “después de un trabajo que venimos realizando desde hace varios años, tratando de explicar por qué no se debía modificar la normativa en lo que respecta al régimen penal juvenil, o al menos no hacerlo de la manera en que se modificó ahora, desde este lunes 9 la nueva normativa fue promulgada y entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial”, y afirmó que “la ley 26.7801 implica para la Argentina un fracaso y un retroceso en materia de derechos humanos, además de una violación a normas de máxima jerarquía en el país”, sostuvo.

En la misma línea, Saúl advirtió que la reforma podría generar responsabilidades internacionales para el Estado argentino. Al referirse al marco jurídico vigente expresó que “también puede implicar eventualmente una responsabilidad del Estado argentino por el incumplimiento de esas normas, que incluyen la Constitución Nacional y las convenciones internacionales que adopta la Constitución a través del artículo 75 inciso 22”, afirmó.

Al profundizar sobre el impacto en materia de derechos humanos, la defensora señaló que la reforma contradice principios básicos del derecho internacional. En ese marco explicó que “se trata de una vulneración de nuestras propias normas y de un retroceso” y agregó que “en materia de derechos humanos existe lo que se llama la prohibición de regresión: no puede haber regresividad en los derechos humanos, y menos aún cuando se trata de una población en condición de vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes”, remarcó.

En relación con la baja de la edad de imputabilidad, Saúl sostuvo que no existen evidencias de que una medida punitiva reduzca los niveles de violencia o criminalidad. En ese sentido manifestó que “la baja de la imputabilidad no soluciona la cuestión de seguridad ni reduce el índice de criminalidad ni de violencia”, y recordó que “la Convención de los Derechos del Niño define como niño a toda persona menor de 18 años, sin embargo en esta nueva normativa se los denomina adolescentes y se establece que podrán ser imputados por delitos a partir de los 14 años, hasta los 18, con un régimen distinto”, explicó.

Durante la entrevista también mencionó antecedentes internacionales vinculados con la situación argentina. Al respecto recordó que “en el debate actual vuelve a mencionarse el fallo Mendoza contra Argentina, del año 2013, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y agregó que “en ese fallo se sancionó y condenó a la República Argentina por la aplicación de la prisión perpetua a menores de 18 años”, indicando además que “incluso uno de los implicados en esa causa señaló en primera persona que el aumento de penas y la encarcelación de chicos no reduce la criminalidad”, señaló.

En ese marco, Saúl advirtió sobre las consecuencias sociales del encarcelamiento de adolescentes y sostuvo que “la cárcel genera que los chicos aprendan diferentes modalidades para seguir delinquiendo, produce resentimiento y no contribuye a que puedan desarrollar sus capacidades ni tener una vida plena”, expresó.

Asimismo, la defensora analizó el nuevo esquema de privación de libertad previsto por la normativa. En ese sentido explicó que “el proyecto aprobado establece diferentes alternativas de privación de la libertad: en el domicilio, en establecimientos abiertos —sin claridad sobre qué tipo de instituciones serían— o en regímenes penitenciarios separados de los adultos”, y advirtió que “en la realidad del sistema penitenciario argentino, con cárceles superpobladas, no está claro qué presupuesto se destinará para construir establecimientos adecuados para chicos de 14 años”, indicó.

En cuanto a la participación de menores en hechos delictivos, Saúl sostuvo que la magnitud del fenómeno suele sobredimensionarse en el debate público. Al respecto señaló que “el índice de criminalidad cometido por menores es ínfimo” y explicó que “la mayor cantidad de casos corresponde a delitos contra la propiedad y no a delitos graves, que son los que aparecen en las noticias y generan impacto mediático cada ciertos años”, afirmó.

En ese marco planteó que la discusión debería orientarse hacia políticas de prevención y de inclusión social. Según explicó, “los presupuestos destinados al régimen punitivo deberían orientarse a la prevención y a la generación de políticas públicas de inclusión para chicos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”, sostuvo.

Saúl también describió las condiciones de desigualdad que atraviesan muchos adolescentes que ingresan en conflicto con la ley penal. En ese sentido expresó que “muchos de estos chicos viven en barrios marginales, sin acceso adecuado a la educación ni a condiciones mínimas para su desarrollo”, y agregó que “son vulnerados en sus derechos por el propio Estado, que luego establece un régimen para castigarlos por esas mismas vulneraciones”, remarcó.

En relación con el origen de la violencia, la funcionaria consideró que el problema central no es la pobreza sino la desigualdad estructural. En ese sentido afirmó que “no es la pobreza lo que genera violencia, sino la desigualdad” y sostuvo que “es necesario generar condiciones de igualdad: que un chico que vive en el centro y puede ir a la escuela con transporte público y condiciones de seguridad tenga las mismas oportunidades que otro que vive en un barrio alejado, con calles de tierra y sin infraestructura”, planteó.

Al referirse a la legislación vigente, Saúl aclaró que existía consenso sobre la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil vigente, pero con otro enfoque. En ese marco explicó que “se estaba a favor de modificar el régimen penal juvenil de la ley 22.278, que es de 1980 y proviene de la dictadura, pero siempre adecuándolo a los estándares internacionales”, indicó.

Sobre ese punto recordó que los organismos internacionales ya habían fijado criterios claros para el país. En ese sentido señaló que “el Comité de los Derechos del Niño establece que si la Argentina tenía una edad de imputabilidad fijada entre los 16 y los 18 años debía mantenerse y no reducirse, evitando un retroceso en los derechos de los chicos y generando normas superadoras”, explicó.