“Nos obliga a darnos contra la pared y reconocer que no estamos interpretando de manera adecuada”

La aprobación del proyecto de ley fue el 28 de marzo durante la segunda sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados. Las capacitaciones serán obligatorias, la falta a las mismas será considerada una falta grave y su aplicación efectiva ampliará el plano de derechos para las mujeres y comunidad LGTTBIQ+. Si bien la votación fue unánime, cabe destacar que el recinto hay solo cuatro bancas ocupadas por mujeres y dos de ellas estuvieron vacías en el proceso. La norma es más conocida como Ley Micaela en homenaje a la joven asesinada en 2017, cuyo femicida y violador, Sebastian Wagner, a pesar de estar juzgado por abuso sexual tenía el beneficio de las salidas transitorias y en este contexto le arrebató la vida. El objetivo de aprender sobre la revictimización y poseer perspectiva social debería evitar que estos sucesos se repitan. Por otro lado, no hay un presupuesto asignado en esta materia por lo que dependerá de cada ente, organismo o institución que se cumpla de manera efectiva.

Filosofía de género- Heteronorma, patriarcado y falocentrismo son solo algunos sistemas de opresión que Antonio Andrade desde su lugar de operador judicial percibe que interfieren a la hora de proteger a sobrevivientes de violencia. Esta vulneración de derechos se traduce en las esferas penales, laborales y civiles y por eso el juez considera  la capacitación imprescindible. “Son conceptos que la filosofía de género viene trabajando hace tiempo pero no están dentro de la conciencia de la Justicia” explicó Andrade. El Juez de Familia señaló que el machismo es un sistema de poder que debe ser identificado “para no tomar decisiones cuestionadas y cuestionables”. Resaltó también la necesidad de esta ayuda interdisciplinaria desde un punto de vista teórico, ya que es una herramienta para identificar los procesos de revictimización. “Se sobrevalora el derecho de defensa por la integridad y la vida, la tranquilidad, mientras tanto la víctima se ve envuelta en un sistema burocrático que no ayuda. Hay que tomar consciencia y esta sanción es una oportunidad” destacó. 

Relató que él ha tenido que ir aprendiendo con el tiempo, adecuando sus interpretaciones. “La Ley Micaela nos obliga a darnos contra la pared y reconocer que no estamos interpretando de la forma adecuada. Es un desafío y una oportunidad esperanzadora” explicó. Andrade caracterizó a la revictimización como terrible en todos los sentidos y señaló que la sociedad está viciada por una mirada machista.

El sistema- Desde 2009 la Ley 26.485 busca la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que las sobrevivientes esperan encontrar respuestas y acompañamiento de parte del Estado. En contraste y en palabras del Juez de Familia “intenta protegerse con un sistema que no la puede proteger, porque no puede despegarse de las interpretaciones en base a mandatos muy constituidos”. Antonio explicó que hacer una denuncia implica enfrentarse a un sistema sabiendo que va a ser arduo, difícil y a veces contraproducente. La gran pregunta del operador judicial es por qué no se aplica ni interpreta en contra de la violencia machista.

Haciendo una lectura de la legislación, Antonio resaltó la importancia del uso de lenguaje ya que mientras menos polisemia encierran los conceptos, más fácil es su interpretación y posterior aplicación. La Ley Micaela en su primer artículo escribe capacitación obligatoria en “temática” de género y el Juez de Familia considera que en este sentido “se quedó corta”. Explicó que la palabra perspectiva es más transversal. ”Hablar de perspectiva es la oportunidad de que el lenguaje jurídico no sea exclusivamente positivo” como sucede en dicha jerga y un nombramiento correcto “invita a pensar la ley con todo lo que implica el género” explicó. Comentó que esto se refleja en el uso peyorativo del término “ideología de género” para referirse a la lucha de ampliación de derechos de las mujeres y disidencias. Para Andrade lo que sigue es arremangarse y esperar que las instituciones hagan lo que la sociedad pide.

Talita- Un caso emblemático a la hora de identificar las carencias en materia de proteger a las personas violentadas es el de Talita Buchhorst. En enero de 2018 denunció a Fernando Galcerán, en ese entonces su pareja, tras un intento de femicidio. Pensó que su calvario de violencia física, sexual, torturas y acoso finalizaría con este proceso pero comenzó otro de revictimización que todavía no cesa, demostrando que todas las instancias de protección fallaron. “Cuando me contaron de esta ley sentí alivio” comentó Talita. Agregó que en el Senado Nacional cuando hablaron de su caso para dar un ejemplo de Santa Cruz dijeron que debería llevar su nombre. Su primer acercamiento fue con la policía: Tuvo que denunciar semidesnuda, herida, manchada de sangre y con la cara desfigurada con una declaración que llevó más de 7 horas. En este proceso “no me ofrecieron ni una taza de té” denunció. La causa concluyó con una acusación de “lesiones leves” pero Talita comentó que la médica la revisó con la luz cortada, sólo sentada y se fue. Luego debió relatar hasta tres veces diarias el hecho que terminó con su violenta relación, donde Fernando con un cuchillo en el cuello tras golpearla e insultarla le dijo que la iba a matar. ”Todo eso para que al final nada sea tomando en cuenta y tenga que ir a quejarme una y otra vez” expresó la joven y agregó que ni su abogada defensora la asesoró.

Talita denuncia que la pasó mal “para mí la Ley Micaela se tiene que implementar ya mismo, es obligatoria y que todos aprendan a tratar a las víctimas y todas las personas, es increíble el desprecio que recibe uno por pedir ayuda o hacer una denuncia. Ninguna institución se salva” relató. Además ella nunca supo cómo llevar el caso, ni que podía ser querellante, incluso quiso buscar un abogado particular y no se lo recomendaron. El 30 de noviembre del año pasado liberaron al potencial femicida tras una omisión de debate de la que Talita no fue notificada. Halló acompañamiento por el movimiento feminista de la ciudad nucleado en la Mesa de Mujeres, que estuvo con ella en los pasos siguientes exigiendo una ampliación de denuncia. Galcerán cumplió la condena de lesiones leves. Buchhorst espera que nadie tenga que pasar por los maltratos que pasó ella después de denunciar. Explicó que le gritaron, se burlaron, la echaron de establecimientos públicos y hasta se negaron a atenderla.