El documento de la Patagonia

"Desde el comienzo este Gobierno del presidente Macri ha desarrollado una fuerte política de discriminación y de desinterés sobre la región patagónica, mostrando además un desconocimiento marcado de las particularidades de la región.

Es así como una región como la nuestra, que aporta riquezas a las arcas de la Nación, termina castigada: sin obra pública nacional de envergadura, sin reembolso por puertos patagónicos, sin precio diferencial del combustible.

Bajo esta misma lógica, se quita un elemento dinamizador de las economías como el ´Fondo Sojero´, lo que implica un recorte a la obra pública de las provincias de 8500 millones de pesos en lo que resta del año y 25.500 millones en 2019. El recorte inmediato de este Fondo frena inevitablemente las obras en ejecución con todas las consecuencias negativas para las economías locales que la parálisis de la construcción genera. En este contexto de crisis es inentendible e inadmisible la supresión de una medida tan anticíclica, reactivante y generadora de empleo.

Es indispensable que la dirigencia política Patagónica en su totalidad le ponga un límite, al atropello al federalismo que este gobierno plasmó en el decreto 702, eliminando las zonas desfavorables en las asignaciones familiares y sobre todo impedir que avance con la eliminación del 40% de zona en los haberes jubilatorios; lo que sería la llave para recortar los salarios de todos los trabajadores de la Patagonia.

Cabe señalar que los presupuestos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional en 2017 y 2018 persisten en instalar una lógica centralista al momento de proyectar obras de infraestructura y de implementar el programa general del gobierno y el plan de inversiones públicas, postergando a la Patagonia. La obra pública ya fue reducida en 1.400 millones en la región en el primer semestre del año pero el achicamiento podría llegar a los 13.600 millones anuales.

A partir de los recortes que busca instrumentar en las provincias el Gobierno nacional con el Pacto Fiscal, achicando las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y los sellos, se generarán mayores problemas para las cuentas de los Estados provinciales y municipales. Frente a este panorama queda demostrado que el principal problema para las provincias, es la reducción de los fondos que ingresan a las arcas públicas como consecuencia de la discrecionalidad del reparto desde la Nación, y que ninguna política de ajuste provincial podría resolver los profundos desequilibrios presupuestarios existentes”.

Somos una región rica en recursos, sobre los cuáles avanzan, pisoteando nuestros derechos y habilitando la extranjerización de nuestra tierra. Debemos proteger nuestro territorio por su ubicación y riquezas estratégicas. Su explotación generó y genera extraordinarias ganancias para nuestro país, pero no queremos quedarnos en el mero extractivismo, sino impulsar la industrialización en todas las áreas de la producción, creando empleo genuino y valor agregado. Que quede claro,  no vamos a renunciar jamás al control de nuestros recursos. No vamos a dejar que deroguen la Ley Corta hidrocarburífica”.