Municipios firmaron su compromiso

Santa Cruz tiene ahora un protocolo para casos de violencia de género

Este año los municipios crearon el Protocolo de intervención para casos de violencia de género, que promete desde patrocinio jurídico hasta la re educación de los violentos. El feminismo popular tiene que controlar que se cumpla, porque con lo que hay hoy, ya no alcanza.

  • 26/11/2017 • 11:53
El Protocolo para atender casos de violencia de género fue firmado el 12 de abril por todas las áreas de la Mujer de Santa Cruz.
El Protocolo para atender casos de violencia de género fue firmado el 12 de abril por todas las áreas de la Mujer de Santa Cruz.

Por Sara Delgado.

“Lo que pasa es que vos haces la denuncia y no te dan bola” o “si lo denuncio, me quedo con los chicos en la calle”, suelen ser algunas de las frases recurrentes que utilizan las víctimas de la violencia machista, para las que el calor del hogar arde como un fuego que no se apaga si no es puertas afuera.
En la antesala del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dos organismos dieron a conocer la cifra de femicidios en todo el país. Mumalá dijo que hubo 254 muertes en lo que va de 2017 y el Observatorio de la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, que hubo 245, mostrando un caso registrado en Santa Cruz.
Pasó el 17 de mayo, en una casa humilde del barrio San Benito, donde el albañil Jorge González (59) asfixió a su pareja, Blanca González (52) y luego se ahorcó. Antes de eso, no se encontró que hubiera algún antecedente de violencia doméstica denunciado. 
En más del 60% de los casos, las mujeres encuentran la muerte en sus casas, a manos de las parejas o los ex. Por eso la respuesta del Estado no puede agotarse en el castigo del Poder Judicial cuando es necesario, sino que también es urgente que contemple la posibilidad de un proyecto de vida para que la decisión de poner fin a la violencia en casa no siga postergándose por dependencia económica con el verdugo.
Según el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica de Río Gallegos, que depende del Tribunal Superior de Justicia, entre enero de 2016 y junio de este año, hubo 1517 denuncias por violencia doméstica, de las cuales se responsabilizó a las ex parejas en un 59%, a los cónyuges en un 5% y a los concubinos en un 9%.
Para cuando el año termine, quizás podamos conocer el estudio de la universidad pública santacruceña, que en base a una estadística hecha en la zona centro, ya reveló que sólo 1 de 40 mujeres se anima a denunciar que sufre violencia doméstica, que lo hace cuando ya fue golpeada y que en una proyección provincial, 1 de cada 6 santacruceñas podría estar sufriendo violencia de género.
Eran las cuatro de la madrugada de ayer, cuando sonó el teléfono de guardia en la Defensoría Oficial. Del otro lado un uniformado pedía instrucciones para atender a Estela, una mamá a la que su hijo adicto la había echado de la casa en medio de la noche. No fue fácil para Estela conseguir donde dormir porque los funcionarios que debían ayudarla le reclamaban que no quiso hacer la denuncia. ¿Denunciar a un hijo? ¿Cómo?
El 12 de abril de este año, impulsadas por la Secretaría de la Mujer que conduce Lorena Beltrán, se reunieron todas las áreas municipales y firmaron la puesta en marcha de un Protocolo diseñado para que exista una sola forma de atender a las víctimas. Lamentablemente, la ciudad de Río Gallegos no participó porque todavía se niega a crear su área de la Mujer.
El Protocolo dice que los municipios garantizan un alojamiento para las víctimas, durante sus horas más oscuras, cuando están en riesgo de vida o lo está su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar. Este espacio físico “debe ser contenedor” y resguardar la integridad de la mujer, así como también la de los niños que la acompañen. “Debe garantizar lugar de descanso, ropa de cama, elementos de higiene, contar con provisión de alimentos y todo otro componente que sea necesario para cubrir las necesidades que conlleva el albergue de las personas”.
El documento también dice cómo deben ser tomados los testimonios pero además, instruye a los funcionarios acerca de qué es una “emergencia” que compromete la vida de la víctima, si acaso hay “armas de fuego, lesiones, consumo de sustancias, embarazo, personas con discapacidad, niños, niñas, heridos, heridas” o si se trata de una “urgencia”, y por lo tanto, en vez de llamar a la Policía se deben poner a pensar cuál es la mejor estrategia de abordaje.
El Protocolo menciona que los que atiendan a una mujer víctima de violencia deben hablarle clarito, sin tecnicismos y que los municipios deben tener al menos una línea rotativa las 24 horas de los 365 días del año.
La creación de un único mapa para llegar a reducir el impacto de las violencias machistas que fueron tomando envión como respuesta al #NiUnaMenos, merece un seguimiento especial, sobre todo en tiempos donde los municipios atravesados por sus rojos financieros, no han mostrado que este sea un tema de agenda institucional.
Hoy, las mujeres tienen asistencia patrocinada gratuita a través de las Oficinas de Asesoría Letrada dependiente de las OVD de esta capital y Caleta Olivia. El resto de las santacruceñas pueden ir a las Defensorías Públicas o, algo que pocas conocen, también pueden “presentarse de manera directa ante el juez de turno, de cualquier fuero”. Pero no alcanza, los Juzgados que trabajan están desbordados y los retrasos son enormes. Por eso es clave que se aplique la Ley 27210 que creó un cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género.

EDUCANDO A LOS VIOLENTOS
Los municipios también se comprometieron a hacer campañas para “concientizar y prevenir” la violencia contra las mujeres. El dato es que esto promete “programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia”.  En algún momento la ciudad de Buenos Aires tuvo talleres dependientes de las comunas, a los que iban los varones abusivos. Muchos no superaban la etapa del arrepentimiento. Una o dos clases después del “perdóname mi vida, te prometo que no te pego más”. Pero otros seguían y entonces había esperanza.  ¿Cómo van a reeducar a los violentos? ¿Desde cuándo? ¿Tienen que estar denunciados? ¿Es obligatorio? El Protocolo todavía no lo dice.
 
PURA VIOLENCIA
Gabinete psicológico del Poder Judicial. Como cada mañana, en audiencias tempranas, alguna niña esperará sentada que la llamen para una Cámara Gesell. Como en las violencias que castigan con golpes los cuerpos de las mujeres de esta provincia, para el caso de los abusos sexuales a menores, tampoco hay estadísticas. Sí hay organizaciones como Paycan que tratan de que el tema no se nos caiga de la agenda pública y que hasta pidieron la creación de un Registro de Violadores que todavía espera discusión.
¿Y en los colegios? Existe el Equipo de Educación Sexual Integral (ESI) que hasta el año pasado hizo jornadas de educación sexual en diferentes colegios. En algunos, porque en otros la resistencia de los padres es una barrera que filtra lo que debe y no deben saber los pibes. Y ni que hablar del área de Diversidad Sexual, que directamente tienen la entrada prohibida en algunas instituciones.
 
PURA IMPUNIDAD
El 23 de septiembre, para el Día Internacional de la Lucha contra la Trata, el equipo Diocesano de la Pastoral riogalleguense llamó a conferencia de prensa para anunciar que desde que había comenzado el año, las víctimas de trata rescatadas eran 79 mujeres.
Pero, otra vez, los datos salían de las publicaciones periodísticas y por lo tanto, hay que suponer que las víctimas son más. Ahora: no hay porqué pensar que los responsables van a terminar en un juicio. La Justicia se cansó de desestimar que existiera el delito de trata cuando en una testimonial, la mujer rescatada dice “pasa que tengo un nene y tengo que darle de comer”. Concluyen que no estuvo prostituida en contra de su voluntad, y ni se mira que hubo un proxeneta que se valió de su situación de vulnerabilidad.
A comienzos de año, la Fiscalía Federal de Río Gallegos hizo su quinto pedido para que se citara a indagatoria a los dueños de los prostíbulos de las Casitas, y evitar así que la causa prescriba. El año cierra sin que el juez Javier Leal de Ibarra dijera algo al respecto. Un seco “téngase por presentado” suficiente como para que una de las explotaciones más crueles quede impunizada por el Poder Judicial, alimentando el “estaban ahí porque querían” “les gustaba la lata fácil”.
Pero, no solo en la Justicia Federal puede haber falta de perspectiva de género y además, si algo queda claro es que con el solo hecho de ser mujer, no alcanza. Recordemos que fue una jueza, Julieta Ormaechea, la que le bajó la calificación de femicidio al caso de Giselle Páez, asesinada por Germán Romero, el padre de sus hijos, que con 2 y 4 años, vieron todo.

PARIDAD DE GÉNERO
Por estos días, mujeres del oficialismo y de la oposición discuten cómo hacerse de más bancas en la Legislatura. Las mujeres del Justicialismo desempolvaron su proyecto de cupo femenino, aunque con una variante: la amplitud del género. Y por otro lado, mujeres de Cambiemos buscan la forma de frenar la asunción del hombre que debe sentarse en la silla que deja Roxana Reyes. El argumento es no perder la representatividad femenina de ese escaño. Pero ¿qué nos garantiza eso a las mujeres? Ojalá sea una mirada más atenta.