Se hizo justicia: Miguel Triviño seguirá preso hasta el 2033

La larga y dolorosa batalla judicial que comenzó en el año 2014 sumó en las últimas horas su capítulo definitivo en los tribunales santacruceños. La Cámara Criminal de Río Gallegos notificó de manera formal que la sentencia contra Miguel Triviño ha quedado firme, clausurando cualquier instancia de apelación ordinaria y confirmando su permanencia en un establecimiento carcelario por los próximos años.

Triviño había sido condenado a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos contra la integridad sexual, cometidos cuando la denunciante era menor de edad. Al haber adquirido el carácter de cosa juzgada, se determinó que el cómputo de la pena privativa de la libertad se extenderá de forma ininterrumpida hasta el año 2033.

El desahogo y el alivio de la víctima

Tras conocerse la resolución de la Cámara, la joven damnificada rompió el silencio para expresar el profundo impacto emocional y el alivio que representa este punto final tras 11 años de espera desde el inicio de las actuaciones.

"Muchos van a decir que 8 años no es nada después de que me arruinara la vida, y es verdad. Pero ustedes no saben el alivio que siento en estos momentos de que al fin la Justicia de Santa Cruz creyó en mí", manifestó públicamente, visibilizando las severas secuelas psicológicas y los padecimientos postraumáticos con los que debió convivir desde su minoría de edad a raíz de los hechos sufridos.

En su conmovedor descargo, la joven agradeció el sostén incondicional de su entorno familiar, haciendo especial mención a sus hermanos y a sus padres, recordando con dolor el estrés padecido por su madre, quien falleció antes de poder presenciar el dictamen definitivo.

Las pruebas del juicio

El veredicto condenatorio que ahora adquirió firmeza se respaldó en un sólido cuerpo probatorio ventilado durante el debate oral. Entre los elementos determinantes se destacaron los informes periciales psicológicos oficiales —los cuales ratificaron el trauma de la víctima y arrojaron resultados sumamente comprometedores para el imputado—, sumados a registros fotográficos aportados por la querella.

Por otra parte, la denunciante reavivó el reclamo social sobre las responsabilidades colaterales del caso, apuntando de forma directa contra un hombre, a quien acusó públicamente de haber protegido y ocultado el accionar del condenado. "Seguiré pidiendo justicia para que Bolívar también tenga un castigo como encubridor, porque tapar un abuso es un delito. Le pido a la gente que no se olvide de su cara", sentenció.

Reconocimiento a los operadores judiciales

Al momento de realizar un balance sobre el tortuoso camino institucional, la víctima destacó la intervención de los magistrados y funcionarios que impidieron el archivo de las actuaciones en las diferentes etapas del proceso.

En primer lugar, ponderó la figura del juez Antonio Andrade, quien en 2014 la recibió en sede judicial siendo apenas una adolescente para receptar la denuncia e iniciar la investigación penal obligatoria. Asimismo, extendió el reconocimiento al Dr. Raúl Guerrero por su desempeño durante la instrucción en primera instancia, y a la Dra. Chosco, quien llevó adelante la acusación en la segunda instancia penal, blindó el proceso durante el juicio oral y bloqueó los recurrentes pedidos de excarcelación y reducción de pena interpuestos por la defensa de Triviño.

Con la firmeza del fallo dictado por la Cámara Criminal, la causa sienta un precedente de persistencia judicial y ofrece un mensaje de aliento hacia otras personas afectadas: "Les digo a las víctimas que vivieron este infierno que yo sí les creo. El miedo paraliza, pero cuando se sientan preparadas, hablen; no permitan que estos monstruos sigan arruinando vidas", concluyó.