Impulsan ley para que los presos usen uniformes de color según su peligrosidad

En diciembre, una controvertida ley de ejecución penal en la provincia de Santa Fe generó un intenso debate, especialmente, por la decisión de implementar uniformes diferenciados para los internos. La normativa, aprobada por ambas cámaras provinciales, ha causado preocupación entre organismos de Derechos Humanos y expertos en derecho penal.

El Artículo 24 de la legislación establece un código de vestimenta que permite la asignación de uniformes diferenciados según la situación legal, nivel de seguridad, zona de circulación asignada o tareas desempeñadas por el interno. Aunque la ley aún no ha sido reglamentada, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirmó que se implementará pronto para los aproximadamente 9.000 detenidos en las unidades penales de Santa Fe.

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Cococcioni argumenta que la medida es parte de una "transformación severa en las condiciones de detención", con herramientas de control más efectivas. Explicó que los uniformes de colores diferenciados permitirán una mejor visualización y control de las actividades de los presos en el sistema penitenciario.

Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas. Matilde Bruera, ex diputada peronista y profesora de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario, la calificó de "ridícula" e inofensiva, además de estigmatizante para los presos. Bruera señaló que la legislación internacional reconoce el derecho de los presos a usar su propia ropa y expresó su preocupación por obligarlos a usar uniformes, comparándolo con la derogada práctica de los trajes a rayas.

Organizaciones de Derechos Humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también han condenado la medida considerándola un "retroceso absoluto". Macarana Fernández Hofmann, representante del CELS, la describió como discriminatoria y estigmatizante, otorgando poder discrecional al Servicio Penitenciario.

La nueva legislación también establece la categoría de presos de "alto perfil", con designaciones basadas en diversos criterios. Esta categoría enfrenta críticas adicionales por la posibilidad de utilizarse de manera discrecional y afectar a la población penitenciaria común.

A pesar de las justificaciones de las autoridades provinciales en cuanto a la seguridad y control, las críticas sugieren que esta medida podría ser contraproducente, atentar contra los derechos de los presos y no abordar eficazmente los problemas en el sistema penitenciario.