La UTA, el “terror” de los empresarios, con aprietes, amenazas y rotura de colectivos

Los disparos a la vivienda de Alejandro Mendoza, propietario de Destino Sur S.A., empresa de colectivos que presta servicios en la UTE represas formaron parte de un accionar violento de la UTA Santa Cruz- Tierra del Fuego.

Así se desprende del relato de otros dos empresarios del sector consultados por  TiempoSur.

Todo parece haber comenzado con la violación de la cuarentena de choferes que se habrían robado colectivos de diferentes empresas, para escapar al aislamiento obligatorio dispuesto el mismo 20 de marzo.

Pero en realidad se trataría de un “modus operandi” de parte del gremio de los choferes, pero no por reclamos laborales, sino para controlar a las empresas y dictaminar a quienes deben contratar y dónde debe trabajar. Una receta que incluyó aprietes, amenazas y bloqueos.

“Nos hicieron la vida imposible”, recordó Julio Comaz, propietario de la empresa Universo SRL, que hasta hace un año atrás estaba encargado de trasladar a los trabajadores a las represas, pero que debido a los violentos reclamos, la misma UTE le permitió brindar un nuevo servicio, pero esta vez dentro del acampe.

Lo peor comenzó en 2018

“Ellos (UTA) tenían problemas con la UTE y utilizaban nuestra empresa para hacer paros, cortes y entorpecer las tareas”, relató.

Comaz mantenía reuniones y contacto con Rubén Aguilera, secretario general. Si el problema era sindical, Comaz estaba dispuesto a sanearlo, pero el empresario no entendía los motivos de las duras medidas.

“Nos sacaron del medio y empezaron a apretar a los choferes. Paraban la obra porque querían que los choferes -nosotros teníamos 16- hagan lo que ellos le decían porque sino no iban a poder trabajar”, advirtió.

La empresa y los choferes, cuyo contrato respondía a las represas, parecía responder a la UTA.

“Los choferes no querían hacer lo que ellos querían porque consideraban que no eran correctas. Cuando esto pasó, la UTA nos apretó para que despidamos a esos choferes y así tomen gente de ellos. Es decir, el mismo sindicato pedía que despidamos trabajadores”, reveló.

“Me dijeron que el que no esté alineado con el sindicato, no puede trabajar. También me decían que les invente causales de despidos pero yo les decía que eso no podía hacerlo, además de que si los despedía debía pagarles”.

Pero el empresario cedió y despidió un chofer. “Le expliqué que era él o nos sacaban a todos”, argumentó.

Haber cedido trajo mayores consecuencias. “Todo no terminó allí porque nos pidieron que despidamos a siete choferes. Dije que hasta ahí llegaba porque no se lo merecían y no correspondía”, remarcó.

Al no acceder al “pedido”, los bloqueos y la violencia en la Terminal de Ómnibus de Río Gallegos se profundizaron.

“Se plantaban en la Terminal y nos paraban los colectivos  durante toda una semana. No nos dejaron salir 25 veces”. El bloqueo también se realizaba en las puertas de la empresa, situada en Albert Einstein 3181.

El “terror” era tal, que cuando los colectivos partían debían ser custodiados por camionetas, aunque no tuvo efecto.

En una oportunidad desde uno de los puentes de la autovía, les arrojaron piedras y fierros. 

El incidente que colmó el vaso sucedió el 3 de enero de 2019. Ese día como no dejaban partir un colectivo, el mismo Comaz - que también es chofer- se subió a la unidad, la encendió e inició viaje. Dobló por la rotonda cuando dos camionetas le cruzaron el paso. De una de ellas se bajó Jara -otro referente de la UTA-, quien “rompió la puerta del colectivo y me pegó una piña”. “Cinco veces llamé a la policía”.

El hecho fue demasiado para Comaz. Realizó la denuncia penal, y se citó con el secretario de la jueza Valeria López Leston.

“Nadie hizo ni hace nada. El secretario de la Jueza me dijo que con los sindicatos no se metían porque era echar leña al fuego. Me dijo que hagamos las denuncias.

Pero que no podían hacer nada.  Esa fue la última denuncia penal que hice”, retrató.

El 11 de enero, asustado, Comaz se fue de la provincia de vacaciones con su familia.

Su empresa dejó de trasladar a los trabajadores hasta la UTE represas y comenzó a brindar su servicio dentro del campamento. Allí también tuvo problemas con la rotura de dos unidades con denuncias radicadas en Puerto Santa Cruz.

“Eran demasiados problemas así que trabajamos dentro de las represas. Allí es cuando empiezan a hacer el traslado Destino Sur y Patagonia Express”, detalló. El propietario de la primera empresa recibió los 22 disparos en su vivienda; el de la segunda denunció el robo de sus colectivos por parte de choferes que rompieron la cuarentena para retornar a Río Gallegos.

“Nunca nadie nos contactó, creo que la única respuesta  fue de la Secretaría de Trabajo. Pero nosotros no fuimos los primeros. A la empresa Master Bus le quemaron un colectivo”, aclaró.

“Que sea lo que Dios quiera”

Las empresas afectadas por la UTA no se circunscriben a Río Gallegos.

“Gracias a Aguilera perdí todo”, dijo Javier Correa, dueño de CMC Servicios SRL,  empresa de transportes de Perito Moreno.

Desde hace 16 años que presta servicios en la provincia, pero los últimos tres “fueron bastante malos”.

“El último ataque de Aguilera fue en invierno del año pasado  cuando la UTE represas me dio de baja el servicio nocturno que hacía con dos colectivos. Como hubo un parate, di de baja a los choferes. Pero sufrí un ataque a un colectivo en Río Gallegos. Le rompieron los vidrios y cubiertas, todo”, denunció.

La empresa de Correa también tuvo otras consecuencias. “Por no ser manejado por Aguilera pasé de tener 140 a 60 empleados, así que imagínese los contratos que me hizo perder”.

La modalidad es similar a la contada por Comaz: obligar a los choferes a sumarse a las medidas de fuerza y decidir el futuro de la empresa.

“No podemos manejar la empresa, no podemos tomar choferes. Las empresas ya están mal y no podemos seguir sufriendo aprietes y que nos digan a quien pones y a quien sacas”, cuestionó, y añadió: “Te para la empresa y no trabaja nadie y el que si pide que lo eches”.

El poder de la UTA llegó a ser tan grande, que Correa le hizo una oferta a Aguilera. “Le dije que le vendía la empresa. Me dijo que no quería ´huevadas´. Pero le dije que tenga él los empleados así cobra además los aportes sindicales y paga los sueldos”, ofertó al dirigente.

Como Comaz, también se repitió el reclamo hacia la Justicia. “La Justicia no trabaja y no cuidan a quien mantenemos fuentes de trabajo”.

Sin embargo, Comaz dijo no tener miedo y adelantó que su familia está al tanto “de todo”. “No tengo miedo y si me tiene que pasar algo, mi familia está al tanto de todo. Que sea lo que Dios quiera. Miedo es hacer mal las cosas”, indicó y bregó para que todos los empresarios de su sector “tomen conciencia” y “nos unamos”.

El jefe de Policía, José Luis Cortés, dijo a este medio que no se reunió con los empresarios, pero si con el Ministro de Seguridad y que no tiene más conocimiento de estos casos.