La Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria exige la apertura urgente del Consejo del Salario

La Mesa de Unidad Policía y Penitenciaria Santacruceña (MUPPS) formalizó este 16 de abril un pedido urgente ante el Poder Ejecutivo para el tratamiento de la situación salarial de los efectivos en actividad y retiro. La solicitud, amparada en el Decreto Provincial 212/14, busca establecer un ámbito de negociación que dé respuesta a un desfasaje económico que califican como "grave". 

El impacto inflacionario en el sector
 

Desde la MUPPS presentaron un análisis detallado de la pérdida del poder adquisitivo. Según los datos expuestos, tras un 2025 de inflación constante, el año 2026 inició con una aceleración de precios:

Enero: 2,9%. 
Febrero: 2,9%. 
Marzo: 3,4%. 

Este acumulado trimestral del 9,2% ha generado, según los representantes, un desfasaje crítico entre los ingresos y el costo de vida. Denunciaron que los acuerdos alcanzados en marzo de 2025 por otros sectores no constituyeron una recomposición real, sino incrementos parciales que consolidaron la pérdida salarial. 

Uno de los puntos más firmes de la nota es la crítica a los mecanismos actuales de actualización. La Mesa señaló que, si bien la cláusula gatillo evita que el deterioro se profundice, no recupera lo ya perdido. 

"La cláusula gatillo sin recomposición previa no mejora el salario, solo congela la pobreza", afirmaron en el documento. 

Demandas concretas

El sector subrayó que el malestar es profundo y que la falta de recursos obliga al personal a afrontar gastos esenciales de su propio bolsillo, como la compra de uniformes y elementos de trabajo. Ante este escenario, solicitaron: 
Convocatoria inmediata al Consejo del Salario. 
Recomposición salarial real y estructural, por encima de meros incrementos parciales. 

Actualización automática que funcione como complemento y no como única medida. 
?Revisión de adicionales y condiciones laborales, incluyendo equipamiento. 

La nota concluye advirtiendo que la urgencia radica en que la situación afecta directamente la subsistencia de las familias policiales y penitenciarias, requiriendo respuestas "inmediatas, concretas y efectivas" por parte del Estado provincial.