La Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales apuntó al ministro Massoni

"La protección de los bienes e intereses jurídicos de todos los habitantes, sin excepción alguna, constituye el pilar de nuestro pacto constitucional, condición necesaria para una convivencia pacífica. Por tal razón los derechos fundamentales son universales, inalienables e indisponibles. En su carácter de Ministro de Seguridad debería saber que su obligación esencial es la de custodiar los derechos de la ciudadanía toda que, obviamente, incluye a las personas acusadas o condenadas por la comisión de un delito", señalaron en un comunicado que hicieron público.

"También debería conocer el Sr. Ministro que es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo garantizar lugares de detención que cumplan con las exigencias impuestas por las normas nacionales e internacionales en la materia. El Ministro Massoni juró públicamente cumplir y hacer cumplir las Constituciones y Leyes de la Nación y de la Provincia. El art. 18 de la Constitución Nacional, desde hace más de un siglo, establece que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Nuestra Constitución Provincial, en la reforma de 1994, también lo dejó establecido expresamente (art. 22) y desde el año 2006 las obligaciones de los jueces y juezas respecto de las condiciones carcelarias para las personas detenidas fueron incorporadas al texto del Código Procesal Penal. Garantizar los derechos de quienes se hallan privados de su libertad no significa, en modo alguno, ignorar o desatender los derechos del resto de la ciudadanía. Mucho menos aún los de aquellas personas que han resultado víctimas de un delito, respecto de quienes existe también un amplio marco normativo que prevé especiales derechos y garantías frente al estado. La gravedad institucional de las manifestaciones del Ministro exige la inmediata intervención del señor Gobernador de la Provincia para poner un límite a su actitud. El ilegítimo proceder del Funcionario, además de inscribirse en una campaña de desprestigio de otro poder del estado, atenta contra la paz social en un contexto de grave crisis socioeconómica incrementada por la situación de pandemia", concluyeron.