Fiscalía de Estado denunció a manifestantes por acampe en Casa de Gobierno

La Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó una denuncia penal contra quienes resulten autores, coautores, cómplices o partícipes de los hechos ocurridos el 23 de junio en la Casa de Gobierno provincial, en el marco de las protestas impulsadas por policías autoconvocados. La acción judicial fue radicada ante la Justicia provincial y apunta a determinar responsabilidades por presuntos delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción.
La presentación fue firmada por la fiscal de Estado, Natalia Linardi, con el patrocinio letrado del abogado Emilio José Monzón. Según consta en el documento al que tuvo acceso TiempoSur, la denuncia se formuló a partir de los acontecimientos registrados alrededor de las 11:00 de ese día, cuando manifestantes ocuparon sectores del predio de Casa de Gobierno y bloquearon la circulación de vehículos oficiales.
En el escrito judicial se señaló que la medida afectó el normal funcionamiento de la administración pública y la actividad del personal que desempeña funciones en el edificio gubernamental. La Fiscalía sostuvo que los hechos fueron comunicados formalmente por el Ministerio Secretaría General de la Gobernación y que la presentación se realizó en resguardo del patrimonio público y de los servicios estatales.

La denuncia describe que los manifestantes habrían tomado el ingreso a la sede gubernamental mediante la ocupación de jardines y el bloqueo de los accesos, impidiendo el normal desplazamiento de vehículos oficiales. Asimismo, se consideró que estas acciones constituyeron una alteración del orden público y una situación de vulnerabilidad para trabajadores y funcionarios presentes en el lugar.
En la presentación se remarcó que el bloqueo de accesos y la obstrucción de la salida de vehículos oficiales representaron una afectación a la libertad ambulatoria y al ejercicio de la función pública. Además, se sostuvo que la protesta utilizó mecanismos de presión física para obtener respuestas a reclamos salariales.
La Fiscalía encuadró los hechos, de manera preliminar, en las figuras penales de atentado contra la autoridad (artículo 237 del Código Penal), violación de domicilio (artículo 150) y coacción (artículo 149 bis). En ese sentido, consideró que existieron acciones destinadas a impedir el normal funcionamiento de dependencias estatales mediante fuerza e intimidación.

Como parte de la prueba ofrecida, se incorporó documentación oficial, copias de actuaciones notariales y enlaces a publicaciones difundidas en redes sociales. También se acompañó un dispositivo de almacenamiento con registros audiovisuales de los incidentes.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia, la Fiscalía pidió que se ordene de manera urgente la preservación y el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad de Casa de Gobierno, con el objetivo de identificar a las personas involucradas en los hechos denunciados.
La presentación judicial se produjo en un contexto de tensión entre el Gobierno provincial y los policías autoconvocados, quienes resolvieron mantener las carpas de protesta instaladas en la vía pública luego de que fracasaran las negociaciones en la Mesa del Salario policial. Desde el sector manifestaron que continuarán con las medidas de fuerza al considerar insuficientes las respuestas oficiales a sus reclamos salariales.