La querella indicó que las muertes "eran evitables"

Comenzó en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz el juicio contra cuatro ex integrantes de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que dejó 44 tripulantes fallecidos, en un proceso que se desarrollará en Río Gallegos y que, según lo previsto, se extenderá hasta el 13 de julio, con una importante cantidad de testigos y sin difusión pública de imágenes por tratarse de un arma de guerra.

Las querellas de los familiares están representadas por Valeria Carreras, quien encabeza la representación mayoritaria, y por Luis Tagliapietra. En la previa del inicio del debate oral, Carreras brindó declaraciones a TiempoSur donde expresó expectativas respecto del desarrollo del proceso judicial en la capital santacruceña.

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Comenzó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

La letrada valoró especialmente que el juicio se realice en el fuero federal del interior del país, un planteo que, según indicó, había sido impulsado por los familiares desde el inicio de la discusión por la competencia territorial.

“Estoy esperanzada como las familias, porque estamos en el tribunal federal, algo que habíamos pedido, fundamentando que los tribunales del interior nos dan igualdad ante la ley, que los jueces sean imparciales. vamos a probar que eran 44 muertes evitables, podrían haberlos salvado cuando llamaron la noche anterior y vamos a probar como el submarino no estaba en condiciones. El propio submarino iba a anunciarlo.”

Carreras también anticipó aspectos vinculados a la dinámica del juicio, señalando que se tratará de un proceso extenso y con una nutrida producción probatoria, en el que declararán numerosos testigos convocados por las partes.

“Está previsto que termine el 13 de julio, van a venir una cantidad de testigos cuantiosas y no van a hacerse públicas las imágenes, porque es un arma de guerra del país. vamos a estar aca en rio gallegos muy seguido”, sostuvo.

El debate oral buscará determinar responsabilidades penales en torno a presuntas fallas operativas, de mantenimiento y conducción que habrían derivado en el hundimiento del submarino, en una causa que durante años estuvo atravesada por discusiones sobre la jurisdicción y por reclamos de los familiares de las víctimas en demanda de justicia.

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