Varela firmará una resolución para el cobro a extranjeros

La atención de carácter pública para habitantes de países limítrofes toma agenda, eventualmente, ante la falta de reciprocidad de los sistemas sanitarios para con los pacientes argentinos en otros países. Aunque por estas horas, en Santa Cruz se plantea también la insostenibilidad la cobertura de salud desde el aspecto económico. En este contexto, el Ministerio de Salud ha tomado la decisión de aplicar un cobro a los extranjeros que se atiendan en los hospitales estatales.

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El ministro de Salud, Ariel Varela, lo confirmó así a TiempoSur, al adelantar que en las próximas horas firmará la resolución que ponga en vigencia la medida.

El titular de la cartera sanitaria expuso que “se les cobrará el 50 % más del valor del nomenclador actual, en los hospitales públicos de toda la provincia”. En esa línea, aseguró que la mayor demanda radica en lo referido a profesionales con especialidad aunque, también, en cama de internación o guardias de atención. Vale aclarar que la medida impactará para los turistas y visitantes que pasen por la provincia o lleguen a la provincia, exclusivamente a atenderse en el sistema público, y no para aquellos extranjeros que residan en Santa Cruz.

El precedente se dio en la provincia de Salta, donde el DNU 129/24 que dispuso el cobro de la atención sanitaria a personas extranjeras sin residencia regular (o con residencia transitoria o precaria) en el país, fue anunciado el pasado día lunes como una ley: la Ley Nº 8421. A inicios del mes de abril, el Gobierno salteño aseguró que bajó hasta un 90 % la atención a extranjeros en los hospitales públicos de esa provincia.

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Varela remarcó, en una reciente entrevista con Tiempo FM, que la situación del sistema sanitario santacruceño es crítica y que los esfuerzos están puestos en la necesidad de dotar de insumos médicos a los hospitales. Mencionó ajustes por más de 130 mil millones de pesos desde el Gobierno Nacional; habló de los recortes en medicamentos y aumento de los insumos por arriba del 239 %, lo que torna insostenible la prestación médica.