Santa Cruz: diputados de UP piden al Ejecutivo que informe de los pasivos ambientales

Este miércoles, los diputados de Unión por la Patria de Santa Cruz, Daniel Peralta, Agostina Mora, Rocío García y Lorena Ponce, le solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial que informe sobre “la situación y las acciones tomadas conforme a la determinación de los valores correspondientes al pasivo ambiente producto de la explotación petrolera de YPF”.  

En el artículo 2, piden al Ministerio de Salud y Ambiente el relevamiento de la situación de las piletas y pozos producidos por la explotación petrolera y llaman “a una evaluación respecto a los costos que emergieran del necesario saneamiento de estas”.  

El proyecto de resolución “tiene por objeto llamar la atención a los organismos estatales correspondientes respecto a la urgente necesidad de ver solventado el pasivo ambiental que la explotación petrolera ha dejado en nuestra provincia”.  

En el mismo, detallan que, según información publicada en medios locales, “los inspectores de Medio Ambiente de la provincia, sobre unas 1.700 piletas inspeccionadas en el citado año y medio, del total que tiene la empresa, habrían verificado que el 95% de las mismas ‘estaban mal saneadas’”. 

“Por otra parte, con 5 mil pozos inactivos, un 80% de los mismos están abandonados o en proceso de abandono, para lo cual la empresa debe cumplimentar una serie de pasos, fijados en la normativa para su remediación. Se estimaba en aquel momento que ‘sólo en el saneamiento de piletas y pozos inactivos, la inversión superaría los 500 millones de dólares’. A ello se debía sumar la situación de acuíferos, instalaciones, ductos, suelos empetrolados, etc”, continúa.  

Mencionan allí que el Gobierno de Daniel Peralta, en 2012, “llevó a cabo un informe preliminar sobre pasivos ambientales. A partir de inspecciones en todos los yacimientos de la operadora, no sólo las áreas de baja producción a cargo de Repsol-YPF (denominación de la compañía en aquel entonces). Este informe señalaba que el costo de recuperación y remediación de los mismos asciende a USD 3.500 millones“. 

“Hoy la ley marco de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas, la Ley 3.117, establece en su capítulo B todos los requisitos que deben cumplimentar las empresas en este aspecto, desde el inventario de los pasivos ambientales hasta la toma de un seguro de caución a favor de la Provincia, en el caso de que la remediación no se cumpla acabadamente”, sigue.  

“Es función nuestra como representantes de la provincia, actuar en pos de la protección de los ciudadanos. La remediación de áreas contaminadas a través de los pasivos ambientales ayudaría a restaurar los ecosistemas afectados, preservar la biodiversidad y garantizar la calidad del agua, suelo y aire para las generaciones presentes y futuras”, explica.  

“La contaminación ambiental derivada de la explotación petrolera –cierra- puede tener graves impactos en la salud de las comunidades locales, incluyendo enfermedades respiratorias, problemas de piel, entre otros. Es por ello que las empresas petroleras tienen la responsabilidad ética y social de remediar los daños ambientales causados por sus operaciones; y responder a esto de acuerdo a la legislación vigente en nuestro suelo. No debe existir posibilidad de relegar tal obligación a un segundo plano, respecto a cualquier objetivo de producción o renta petrolera que se obtenga por ello en la rescisión de los contratos con YPF”.