Un buen momento para que debute el Consejo de Seguimiento del Transporte Público

Pasadas las 10:30 de ayer, se levantó el cuarto intermedio de la primera sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Río Gallegos, la que desde la semana pasada centró su debate en la aprobación o no del contrato que firmó la Municipalidad con Maxia SRL para que ésta se haga cargo del servicio de colectivos en la localidad.

Con un penoso legado que está dejando Montecristo, esta nueva firma que aún no desembarcó en la ciudad está siendo duramente criticada, y puntualmente por el contenido del contrato que se labró días atrás, el que, entre otros puntos, fija el costo del boleto a $25.

Por decisión unánime de los concejales, el intendente Roberto Giubetich el viernes pasado se acercó al recinto deliberativo y por casi tres horas respondió los cuestionamientos de los ediles.

Los del bloque del FPV-PJ fueron los que no terminaron de convencerse con las explicaciones del Jefe Comunal sobre la confección del acuerdo con la nueva empresa, por lo que previo a esta sesión extraordinaria habían anticipado su negativa al acompañamiento del Decreto N°811/19 que ratificaba el contrato suscripto entre el Municipio y la empresa para la concesión del servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en el ámbito local.

Del otro lado de la vereda estaban sus pares oficialistas, quienes también indicaron qué iban a votar en el recinto, por lo que frente a un tres contra tres el que iba a ser gran protagonista de la sesión iba a ser Evaristo Ruiz, quien como presidente del cuerpo sería el que desempate. Y así fue.

Los sí y los no

La extraordinaria de ayer duró poco menos de dos horas sin mayores sobresaltos, en gran medida porque no hubo debate, solo un breve cruce entre los presidentes de los bloques (Medvedovsky y Roquel) por sus posiciones a adoptar a la hora de votar.

Quien sí habló largo y tendido fue el concejal Medvedovsky, quien básicamente reiteró sus dichos de estos últimos días. Remarcó que es viable que en la ciudad se cuente con un boleto de colectivo a $19, remarcando "no hay justificativo para aumentarlo, no hay un motivo". Esto lo anexó con una crítica más hacia el intendente Giubetich y su gestión, exponiendo que aumenta los impuestos municipales sin fundamento, sino porque en el país "todo aumenta".

Tras esto sostuvo que el único damnificado con el elevado costo del ticket será la familia, lo que en gran parte definió la postura en contra del referéndum del bloque del Frente Para la Victoria: "Creemos que este contrato será un perjuicio para el usuario y le generará muchas responsabilidades a la Municipalidad que en este contrato de cinco años le costará sostener".

El edil Ruiz, por su parte, se tomó unos minutos para hablar frente a sus pares y los vecinos presentes en la sesión. Al respecto, dijo que el problema del transporte público atravesó tanto esta gestión como las anteriores, que incluso los llevó en el mismo Concejo Deliberante a declarar una emergencia del transporte público. Tras su alocución expresó que su acompañamiento a la ordenanza es por tratarse de un servicio vital para muchos, y que si bien el contrato está lejos de ser bueno y tiene muchas falencias, se le debe dar un corte al pésimo servicio de Montecristo, empresa que "no puede continuar prestando este no servicio porque cada vez es peor". Sobre este punto añadió que es indispensable que se haga cargo del servicio de transporte público de pasajeros otra empresa, que en este caso es Maxia SRL. "Seguramente el contrato no es del agrado creo de ninguno de los concejales. Sin embargo, se prevé que las condiciones del servicio pueden ser revisadas", manifestó, añadiendo: "Es el momento propicio para que el Consejo de Seguimiento del Transporte Público empiece a trabajar para controlar y estar más encima de lo que es la fiscalización del servicio y la modificación de los costos".

Alejandro Leal (FPV), previo a la votación, también hizo uso de la palabra y lamentó que se avance en la votación afirmativa, más previendo -según él- que el costo del boleto no se estancará en los $25; estimó que al menos se vendrán dos aumentos más y el costo trepará a los $30.

Esta especulación fue desestimada por el concejal Roquel, edil que habló durante la sesión extraordinaria un tanto empujado por Medvedovsky, quien alegó no haber oído los motivos del bloque de la UCR para aprobar la ordenanza con el antecedente que dos de los tres concejales del bloque no asistió a plenario de comisiones del viernes pasado que contó con la presencia del Intendente.   

"Están preocupados por el boleto, pero hace cuatro años no reglamentan el boleto estudiantil gratuito", expuso el edil radical haciendo alusión a que el Gobierno santacruceño no aplica la legislación que se aprobó en Cámara de Diputados. Seguidamente reprochó que el Estado provincial ayude a localidades como Caleta Olivia para sostener el servicio de colectivos, pero no a la capital provincial. "Quieren adoctrinar a los intendentes", manifestó, pidiéndole a los del Frente Para la Victoria que confundan. En cuanto al voto positivo del bloque que integra, Roquel señaló que se debe a que comprenden el esfuerzo del Municipio para que el servicio se brinde. Pero éste debe ser controlado, dijo. Finalmente le pidió a su par Leal que no tire leña al fuego premonizando posibles aumentos.

Finalmente, por el voto de la mayoría dado por el Presidente del cuerpo, de quien no se sabía fehacientemente por qué se iba a inclinar, se refrendó finalmente el Decreto N°811/19 que ratifica el contrato suscripto entre el Municipio y la Maxia.

Vecinos contaron su realidad

El Presidente del Concejo Deliberante, previo a la votación final, pidió un cuarto intermedio para que los vecinos que estaban presentes en el recinto puedan dar su opinión y así enriquecer el debate.

La primera en tomar el micrófono fue la referenta barrial del barrio San Benito, Daniela Ledesma, quien habló como ciudadana y usuaria, mencionado "la realidad es que el boleto a ese precio ($25) no lo podemos pagar porque nuestros ingresos son bajos; somos familias en su mayoría que no trabaja en petroleras o mineras, sino que cuentan con sueldos comunes por cuidar un abuelo o atender un kiosco". Asimismo, Ledesma añadió que a su problema del elevado costo es el corte que sufrirá la Línea que atraviesa al San Benito y su zona aledaña. Expuso que el ramal "E" tendrá una parada en la Terminal de Ómnibus para que los pasajeros suban a otro ramal, lo que generará un dolor de cabeza para aquellos papás que envían a sus hijos a la Escuela N°47. Cabe mencionar que a raíz de la intensa demanda de matrícula en la Escuela N°91 del San Benito, se dispuso que los chicos de este sector tengan clases en la primera institución educativa mencionada. Preguntó qué sería de los pequeños estando solos en la Terminal esperando subir a un nuevo colectivo para continuar viaje.

Estudiantes golpeados por el costo

Un integrante de la Asamblea por el Transporte y también estudiante de la UNPA habló frente a los concejales en el día de ayer y criticó que se apruebe este contrato. No es un dato menor mencionar que una vez más se acercaron a las instalaciones del Concejo Deliberante para protestar por el aumento del costo del pasaje.

En este marco, alegó que darle el visto bueno es dar un paso atrás en la educación pública porque ninguno defendió el boleto de colectivo a $19. No obstante esto, enfatizó: "Como estudiantes vamos a luchar por el boleto estudiantil gratuito. Seguiremos en las calles".

Posición partidaria

El Partido Obrero señaló que este acuerdo es un capitalismo donde el empresario no arriesga nada, dado que es el municipio el que pone el adelanto, que le sería reintegrado en un plazo extendido y como resultado de los fondos que surgirán de la propia concesión.

Asimismo, remarcaron que los $6 de aumento "nos pegarán duro", motivo por el cual "rechazamos este tarifazo" y la llegada de la empresa, dado que analizando los números que manejará la comuna "el Municipio tendría los fondos para poner en marcha una empresa de colectivos, tenemos un plantel de choferes que tiene gran experiencia y tenemos un movimiento de vecinos y usuarios que reclaman control y participación". Es por esto que el PO propone una empresa estatal gestionada por trabajadores y vecinos.