FESPROSA y APROSA con Salud: SAMIC, salarios y falta de profesionales en Santa Cruz

Andrea Pérez, secretaria general de APROSA, María Fernanda Boriotti, secretaria general de FESPROSA y Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA, se reunieron ayer con referentes del Ministerio de Salud, en el que plantearon diversos temas del sector, como el impacto de la merma de recursos en los programas nacionales en Santa Cruz.

"Fue una charla de acercamiento sobre todo en un año complicado electoral", precisó Pérez.

La reducción de presupuesto en estos programas incluye "medicamentos, prevención, vacunas y entrega de leche", acotó Boriotti, quien agregó que "en todo el país se ha visto reducido".

La dirigente nacional explicó que esta situación "es compleja en todo el país". "Las provincias que tienen un fuerte vínculo con el Gobierno nacional (le impactan) en menor proporción que a otras, en donde realmente la quita de estos subsidios implica una erogación muy alta de la provincia", expresó. Apuntó a que las provincias deben destinar dinero a esto, que estaba "destinado a otra cosa". Recordó que esta reducción de recursos "fue aprobada en el Congreso Nacional".

PARITARIAS

Pérez marcó que también preguntaron a los referentes del Ministerio de Salud cuándo los convocarán para la paritaria sectorial, ya que cuando recorrieron los hospitales en estos dos últimos meses, detectaron que el principal reclamo "es el salarial". Sin embargo, aclaró que no les informaron de "ninguna fecha de paritarias".

MENOS MÉDICOS

Otro punto que se relaciona con lo salarial es la escasez de recursos humanos en los nosocomios, particularmente de médicos.

"Hubo un entrecruzamiento de datos con respecto a las demás provincias y como quedó rezagado (el salario) a pesar del incremento que hubo el año pasado", rescató Pérez. Aclaró que el arancelamiento que perciben los profesionales por ley "es parte pero no tendría por qué formar parte del salario".

"Esperamos que este año haya un paso importante para que otros profesionales  puedan venir", abundó.

Pérez adelantó que buscarán mantener una reunión con la ministra de Salud, Rocío García, para tratar estos temas y la situación laboral de los empleados del Samic y Peliche. "Hay incertidumbre en los compañeros que no saben si les renuevan o no el contrato. Es una precarización a rajatabla. La idea es que en la próxima reunión la Ministra esté presente porque es la interlocutora entre el hospital de Calafate" y Salud.

TODAVIA NO SE GARANTIZA LA ILE

Un tema que plantearon los dirigentes de la salud fue si se garantizaba la Interrupción Legal del Embarazo en los hospitales de la provincia.

"Lo que nos plantearon es que hay algunas  dificultades porque hay un gran porcentaje de profesionales que son objetores de conciencia", contó Boriotti.

Dijo que "quedó de manifiesto que no hay capacitación adecuada, no hay un trabajo con los trabajadores de hospitales, centros de salud, de manera tal que haya un cambio de actitud para entender qué es la Interrupción Legal del Embarazo y cómo se acompaña a una mujer que tiene la decisión de hacerlo".

Remarcó que esto es "una pata flaca como política de salud", aunque esperan un "cambio", ya que se trata de "garantizar un derecho" que tienen las mujeres. Incluso resaltó que FESPROSA se puso a disposición para "colaborar en las capacitaciones".

La ILE, o aborto legal, se realiza cuando está en peligro la vida de la mujer, el feto o el embarazo fue producto de una violación.

Como publicó TiempoSur el año pasado, tanto en el Hospital Regional de Río Gallegos como en el Pedro Tardivo, los profesionales son objetores de conciencia.

Santa Cruz adhirió al Protocolo de aborto no punible en 2012.

Según el Protocolo, la objeción de conciencia "es siempre individual y no institucional". "De acuerdo a esto, todos los efectores de salud en los que se practiquen ILE deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a ella", precisa. "Asimismo, deberán contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley les confiere a las personas en relación a esta práctica".

También establece que "los profesionales objetores, aunque hayan notificado previamente su voluntad, están obligados a cumplir con el deber de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a una ILE si constatan alguna de las causales que lo justifican", y que si no existe ningún médico no objetor, el profesional "debe realizar la interrupción; es decir que no puede invocar su objeción para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE".