Guerra de cartas documento entre el Samic y el Gobierno

La semana pasada, el fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Tanarro, le reclamó al interventor del Samic, Gastón Ortiz Maldonado, que rinda cuentas de los gastos del hospital de alta complejidad de El Calafate.

Esa misiva respondía a declaraciones en las que el interventor había hecho a través de un comunicado de Cambiemos, denunciando que el gobierno de Alicia Kirchner les debe unos $300 millones por la atención a pacientes de la Caja de Servicios Sociales.

Esa cuarta carta documento en lo que iba del conflicto, sumó tres más esta semana, que la Fiscalía de Estado acusó recibo rechazando la existencia de una deuda con el hospital.

“Rechazo la misma por improcedente y por contener afirmaciones falaces” se lee,  al tiempo que ratifican “el incumplimiento del Interventor” en relación a la falta de información del nosocomio.

(La CPS le pide a Ortiz Maldonado que pague toda la deuda por aportes no transferidos)

Sucede que Ortiz Maldonado da por hecho que la documentación que hace un mes acercó a la Fiscalía era suficiente. Sin embargo para el Gobierno, “de ningún modo constituye una rendición de cuentas en lo tendiente a determinar las acreencias reciprocas que existirían entre el Estado provincial y el Samic”.

Lo que el gobierno de Alicia Kirchner quiere conocer son los proyectos de los presupuestos correspondientes a los periodos 2017 y el de este año y las rendiciones con el destino asignado a los fondos remitidos por el Estado provincial.

Pero también Ortiz Maldonado envió una carta documento informando que el Hospital Samic “comenzó a regularizar el pago de los aportes previsionales, mediante transferencia bancaria realizada por la suma de $9.1 millones” lo que “demuestra la predisposición de esta intervención a la hora de regularizar la deuda previsional”.

A esto, la Caja de Previsión Social respondió con otra misiva, en la que le advierten al Interventor que “la regularización de la deuda no es una cuestión que usted pueda disponer en forma unilateral, sino que teniendo en cuenta el carácter de los aportes adeudados, debe realizarse los mismos en tiempo y forma”. Y por eso le dan un último plazo, de 24 horas para “cancelar los importes adeudados, bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles y penales pertinentes”.

Según consta en una intimación que en septiembre hizo la CPS, los periodos adeudados corresponden a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2015, noviembre del año 2016 y los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de este año, por una suma total que supera los $69 millones.