Ciudadana argentina estaría prófuga de la justicia chilena

El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, llevó a esta mujer a juicio oral. Las pruebas y peritajes resultaron suficientes para que el tribunal la encontrara culpable, el pasado 18 de agosto, por conducir en estado de ebriedad, causar la muerte de una persona y provocar en otros lesiones graves, leves y daños en vehículos.

El violento accidente, que le costó la vida a Carabalí, de 47 años, ocurrió la tarde del viernes 24 de noviembre de 2017, en la Avenida Pedro Aguirre Cerda esquina Manuel Rodríguez.

Cinco años le impusieron los jueces a la ciudadana extranjera, pero con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Esta decisión no dejó conforme al fiscal, menos a los familiares de la víctima fatal, y por ello Fernando Dobson terminó presentando un recurso en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, pidiendo la revocación de la libertad, para que la mujer cumpla con cárcel efectiva la pena.

Los ministros Víctor Stenger, Marcos Kusanovic y el abogado integrante Juan Alejandro Rodríguez, acogieron la solicitud del fiscal y ordenaron a Mariela Mañé a cumplir los cinco años en la cárcel de nuestra ciudad.

Conocida esta decisión, el abogado Guillermo Ibacache presentó un recurso de amparo ante la Corte de Puerto Montt, pero esta instancia se declaró incompetente y el caso volvió a Punta Arenas, donde los ministros Marta Jimena Pinto, María Isabel San Martín y Fabio Jordán rechazaron el recurso. No conforme con esta resolución, el abogado defensor recurrió a la Corte Suprema, donde el 25 de septiembre el máximo tribunal del país declaró inadmisible el amparo.

Debe cumplir

El abogado defensor, Guillermo Ibacache, señaló, “ahora Mariela Mañé debe presentarse a cumplir la sentencia que ordenó la Corte. No tiene otra opción clara por el momento y tampoco más alternativas”.

De cómo tomó ella el fallo, Ibacache añadió “usted puede imaginarse, porque ella tenía una esperanza clara que podría cumplir esa sentencia en libertad, sobre todo por el hijo que tiene. Y que de la noche a la mañana se cambie esta condición, es una situación casi inédita en la región, porque no habíamos presenciado con anterioridad que la Fiscalía estuviera tan obstinada en hacer cumplir las condenas en forma efectiva”.

Comentó el abogado que después del último contacto con ella cayó en una desesperación tremenda y una decepción más grande aún, y en esa condición fue la última vez que hablé con ella”.

Al preguntarle sobre la alusión que hace, de la “obstinación de la Fiscalía por hacer cumplir los fallos en forma efectiva”, Ibacache añadió que su respuesta es a título personal, como abogado defensor, sin que sus dichos representen el criterio de la Defensoría Penal Pública. “Yo llevo muchos años, desde que partió la reforma procesal penal, y resulta que las modificaciones legales datan de hace muy poco tiempo, por eso ahora pueden apelar a lo que antes eran los beneficios y hoy penas sustitutivas. El criterio en estos casos fue siempre que la Fiscalía no se metía”.

Por lo mismo recordó que el propósito del ente persecutor es llevar a juicio los casos que consideran que deben terminar en dicha instancia y obtener condena. “Cualquier fiscal sabe que ese es su trabajo. Pero se modificó la ley y los fiscales quedaron autorizados para reclamar exclusivamente de aquellas penas sustitutivas que los tribunales imponen a los condenados. Y ahora la Fiscalía empezó a apelar todo. Mi pregunta es por qué no lo hizo antes”.

“Y la Corte, en un criterio que respeto pero no comparto, está revocando esas penas sustitutivas. Con esto la Fiscalía se entusiasma y ahora apela a todo. De hecho ya van tres o cuatro sentencias en que se ha concedido la pena sustitutiva y el Tribunal de Alzada las ha revocado, ordenando que las penas se cumplan de forma efectiva”, reflexionó Guillermo Ibacache.

Si bien el pasado 13 de septiembre la Corte de Apelaciones de Punta Arenas concedió una orden de no innovar a fin de evitar que la imputada ingrese a cumplir la pena impuesta, mientras la sentencia no se encuentre ejecutoriada, recién el jueves 4 de octubre el juez de garantía Juan Enrique Olivares despachó la orden de detención en contra de la mujer, habiendo transcurridos 9 días que la causa fuera fallada por la Corte Suprema. En este actual escenario, la sentenciada tendría la calidad de prófuga. (Fuente y foto: La Prensa Austral)