Diputados advirtieron que el decreto que crea Reserva Natural no es aplicable en Santa Cruz

A través del Decreto 838/2018 publicado ayer en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri creó la Reserva Natural Silvestre Patagonia en Santa Cruz, luego de la donación (con cargo) de parte de la Fundación Flora y Fauna de más de 38 mil hectáreas, compuesta por estancias que la propia fundación compró.

Esto provocó ayer muchos llamados telefónicos entre productores y  diputados. Sucede que este decreto vuelve a traer a la luz el proyecto presentado por la entonces diputada provincial  radical Roxana Reyes que pedía la ampliación del Parque Patagonia, de 50 mil a 500 mil hectáreas, el cual no fue ni será tratado, debido a la oposición de productores ganaderos, la FIAS, estancieros y hasta el ex gobernador Arturo Puricelli que vive en el lugar.

La resistencia al proyecto radicó, en síntesis, en el argumento de que la fundación compra tierras, las dona, pero  con condiciones (o mejor dicho cargo) que luego no se cumplen y retornan al propietario original, quien justamente es  el multimillonario suizo Hansjörg Wiss, aportarte de Flora y Fauna, amigo del ya fallecido Douglas Tompkins, quien compró tierras y las donó para la creación de otros parques y Reservas Ecológicas en la provincia. 

Pero el problema ahora radica en quien tiene la disposición de esta tierra que la fundación donó a Nación, y que administrará Parques Nacionales. Para los diputados, es la provincia.

“El decreto es un atropello al federalismo”, advirtió el diputado de Puerto Deseado, Carlos Santi. El legislador sostuvo que existe el “resguardo” en la Constitución Provincial,  precisamente en el Artículo 104, que le otorga a la Legislatura el poder de autorizar de enajenación, autorización y abandono de jurisdicción de las tierras para cederlas al Gobierno nacional (ver recuadro).

“El artículo es lapidario y claro, y el inciso 16 dice que el Poder Legislativo  debe autorizarlo por dos tercios, por eso ellos necesitan primero que abandonemos la jurisdicción, algo que no haremos”, marcó.

De hecho ayer los legisladores del oficialismo analizaron comenzar analizar si es necesaria la intervención del Fiscal de Estado, y resolvieron repudiar el decreto en la próxima sesión, en la cual además aprobarán la expropiación de la Cueva de las Manos, declarada patrimonio de la Humanidad. “Ya lo nombramos parque provincial, y allí la fundación tiene campos, pero serán expropiados”, advirtió.

Santi recordó que en Monte León, en el cual “se iba a invertir y promover el boom turístico (lo mismo que la Fundación preveía realizar en el Parque Patagonia)  para Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, no se hizo nada, y solo tenía un candado que luego desapareció cuando lo denunciamos”. Agregó que también afectó a la fauna y la producción ganadera, algo que fue reclamado por el sector del campo.

“En Santa Cruz tenemos siete parques nacionales, y 33 áreas protegidas, y dos o tres parques en los cuales la fundación no invirtió. Pero esto no es una cuestión ambientalista contra la producción ganadera, esto es una cuestión geopolítica, porque la fundación está comprando los grandes reservorios de agua que están en el sector, y no me extrañaría que esto sea una exigencia de afuera, para luego quedarse con las reservas a futuro”, advirtió.

Pero Santi remarcó que lo que no conocen es el “cargo” que impone la fundación para donar la tierra y que está expuesto en el decreto presidencial.

“Este atropello es sistemático: la economía, las asignaciones, los recortes, y ahora la tierra”, finalizó.

EL ARGUMENTO DE LOS DIPUTADOS

Los diputados apelan al Artículo 104 de la Constitución provincial, el cual en el inciso 11 señala que corresponde al Poder Legislativo “Disponer el uso y enajenación de tierras públicas conforme al régimen que establece esta Constitución”. Tambien el inciso 16 establece que el cuerpo tiene el poder de “autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia por dos tercios de votos de los presentes para objeto de utilidad pública de la Nación o de la Provincia y por unanimidad de votos cuando dicha cesión importe desmembramiento de territorio o abandono de jurisdicción”.