Julio Maier podría presidir la Comisión para la reforma del CPP de Santa Cruz

Por Sara Delgado

La novedad había sido confirmada el viernes por el secretario de Gobierno e Interior, Martín Chávez, que en una entrevista con Tiempo FM reconoció que el Gobierno quiere enviar, antes de fin de año, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia, para que Santa Cruz pase al sistema acusatorio y abandone el mixto, que en el país quedó viejo hace más de una década.

Según había dicho, “somos una de las pocas provincias que no tiene su sistema acusatorio implementado, y por eso, la orden de Alicia es trabajar en este tema, con el mayor nivel de consenso posible”.

Para eso, se va a crear una Comisión Asesora, que  va a ocuparse de redactar el proyecto de ley. Ahí van a estar los vocales del Tribunal Superior de Justicia, e incluso la asociación sindical de Judiciales “3 de Julio”, y actores que comprendan el contexto social de Santa Cruz. En las últimas horas, se conoció que el oficialismo quiere que el presidente de esa comisión sea, nada más y nada menos que Julio Maier.

Maier es doctor en Derecho, un hombre de amplísima trayectoria en nuestro país y reconocido en varios países por ser, entre otras cosas, profesor honorario en varias universidades extranjeras. Es autor de cientos de trabajos jurídicos pero también de “Derecho Procesal Penal”, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de CABA, entre otros muchos cargos que ocupó y que ocupa hoy como fuente de consulta para el derecho penal en la Argentina.

Sin embargo, no se trata sólo de su trayectoria, sino de su perfil para tratar de vislumbrar que tipo de Código Penal está buscando el Gobierno de Kirchner.

Es que, Maier es uno de los jueces de la corriente garantista, tal es así que al irse Raúl Zaffaroni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salió a pedir públicamente que fuera su reemplazante.

Por otro lado, un sector del Poder Judicial ya hizo contacto con Alberto Binder, el experto en sistemas judiciales y miembro del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales, que pide la reforma del Código Penal en el Congreso porque la actual le resulta “oscura y formalista”.

Justamente Binder llegará a Río Gallegos a fin de mes, para hacer una charla para magistrados, debido a que Santa Cruz es, junto con Tierra del Fuego -aunque ya está en proceso- las únicas provincias que se quedaron con un Código vetusto.

Por eso, la mayoría de los jueces, fiscales y abogados celebraron la noticia sobre la inminente reforma, aunque en muchos casos, con escepticismo.

ALGUNAS OPINIONES

“La justicia es lenta porque no pagan los sueldos en tiempo y forma y hace más de dos años el personal hace paro. El sistema acusatorio está perfecto, pero sin recursos no funciona” dijo un camarista de zona norte.

En Caleta Olivia, el fiscal Carlos Borges planteó que “ojalá que podamos ir hacia un sistema acusatorio puro, y con juicio por jurados”, mientras que su colega Martín Sedan se mostró también a favor, aunque cauteloso respecto de los recursos que pueda demandar la reorganización de la estructura.

El camarista de la primera circunscripción, Joaquín Cabral, indicó que “es importante que el modelo sea elaborado teniendo en cuenta todas las variables: geográficas, poblacional, localidades muy distantes entre sí, recursos humanos y materiales, y sobre todo una actualización normativa que permita que el nuevo proceso funcione, por ejemplo: ley de Ministerios Públicos con Fiscalía y Defensoría autónoma orgánica y financieramente, nuevo esquema funcional de las Instancias Judiciales fundamentalmente su actualización, policía judicial, etc”.

Gabriel Nolasco Contreras Agüero, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, dijo que “me parece perfecto que cambiemos a un sistema acusatorio. Igual debe capacitar y el cambio es grande. Somos una de las pocas provincias con un sistema mixto que debemos adecuarlo”. Para este juez, “no es necesario que haya juicio por jurados. Chubut tiene sistema acusatorio y no lo implementó”.

En este punto, en nuestra edición del sábado, contamos que el Gobierno analizó la creación de la figura del jurado popular, o de los Juicios por Jurado, en donde los jueces profesionales son reemplazados por vecinos, respetando la paridad de género, elegidos mediante sorteo en base al padrón electoral. Sin embargo, trascendió que si bien todo hace parecer que Santa Cruz no estaría en condiciones hoy de aplicarlo, al menos la intención sería dejar legislada su creación para una implementación paulatina.

Contreras Agüero, sostuvo también que, “además de decisión política, se trata de inversión, como pasó en Santa Cruz con las OVD”, un sistema que impulsó la ex presidenta del Máximo Tribunal, Clara Salazar, y que puso a Santa Cruz entre las cinco provincias en tener este dispositivo para combatir la violencia machista.

El fiscal de Estado, Fernando Tanarro, sostuvo que la reforma “es necesaria, porque nos hemos quedado atrás con el Código que tenemos y necesitamos una Justicia con otros tiempos, con mayor agilidad. Eso es algo que nos va a permitir el sistema Acusatorio”.

Quien también se mostró a favor de la reforma fue el abogado penalista Carlos Muriete, que en el último año concursó para varios juzgados, entre ellos el Federal y la Cámara Criminal de la zona norte. Para Muriete, el debate entre los juristas es fundamental y está dispuesto a darlo en la Comisión Asesora.

Javier Pérez Gallart, que además integra la Asociación de Abogados, dijo que está de acuerdo con ir hacia un sistema acusatorio, pero objetó que habrá que “crear cantidad de cargos nuevos. Las Fiscalías son pocas y no pasan por el Consejo de la Magistratura”. Esto último, porque en santa Cruz, los fiscales son elegidos sin terna, directamente por el Ejecutivo.

Hay que decir que si la provincia tiene un sistema acusatorio, los tiempos judiciales deberían abreviarse, en función de mayor oralidad y menor burocracia, papeleo y lenguaje rebuscado.

La reforma, significa poner las investigaciones en cabeza de los fiscales, y a los magistrados en lugar de jueces de garantía. El rol se invierte y por ejemplo, en provincias como  La Pampa, cuando se sancionó la reforma, unos cambiaron despacho con otros.

Tal como lo conocemos hoy, el sistema inquisitivo es el que hace que los juicios sean extremadamente burocráticos, después de haber atravesado todo un proceso de instrucción lento, en expedientes que muchas veces sólo saben leer los abogados. En cambio, el sistema acusatorio, habla de audiencias con el juez y las partes, y de otros mecanismos de “resolución de conflictos”.

Además, también se modifica la prisión preventiva, que ahora pasará a ser una medida excepcional (no la regla) y sólo si se trata de delitos graves. Eso, es una mirada en derechos humanos, que pone en relieve el valor de la libertad de toda persona y su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

En este punto, hay que recordar que uno de los reclamos de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, fue el número de causas que terminaban con la liberación de los imputados, a los que no se les había probado nada, causándoles un daño irreparable.