Santa Cruz, entre las provincias que redujeron tierras en manos de extranjeros

Son casi tres millones de hectáreas o, por ofrecer una equivalencia, 24 veces la superficie total de Nueva York, con sus cinco condados. Esa es la extensión de tierra argentina que está en manos de estadounidenses, la nacionalidad extranjera con más propiedad rural en el país. El podio se completa con los italianos, que controlan 2,1 millones de hectáreas locales -casi la superficie total de Sicilia- y los españoles, dueños de casi 1,8 millones de hectáreas, más de dos veces la extensión de la Comunidad de Madrid.

La Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un 5,57% de ese territorio rural argentino hoy está en manos de extranjeros. Son 12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a casi la mitad de la provincia de Misiones o a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los terratenientes de la Argentina hay grandes empresarios extranjeros como Douglas Tompkins y Joseph Lewis, pero también conocidas figuras locales, como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta o astros del deporte como Gabriel Batistuta y Manuel Ginóbili. En otros casos, hay grandes extensiones en manos de gigantes internacionales como Glencore o el Grupo Benneton (a través de Compañía Tierras del Sud).
Otros propietarios de la tierra argentina, en cambio, son ignotos. Sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato a sus verdaderos dueños. En el país, según un pedido de información pública cursado por Chequeado y La Nación al RNTR, casi 2 millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.
La convivencia no se da sin tensiones: en el último año recrudecieron los conflictos territoriales reclamos de comunidades indígenas, pero también por potenciales problemas ambientales y económicos.
En Villa Mascardi, un grupo mapuche irrumpió de forma violenta para reclamar cinco hectáreas en un predio que está a nombre de la familia estadounidense Grehan, en un conflicto que quebró la paz del lugar. Hacia el sur, por la ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año pasado la marcha por la “soberanía al Lago Escondido” para reclamar por senderos públicos dentro del predio que pertenece a Lewis. A escasos kilómetros, en Chubut, murió Santiago Maldonado. El joven estaba allí en apoyo a la causa mapuche, que reclama tierras dentro de la estancia Leleque, de los empresarios italianos de Benetton.

La ley- La cantidad y la calidad de territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedaron reguladas por la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Fue sancionada en diciembre de 2011 e impulsada por el kirchnerismo, que actuó convencido de que se debía frenar la extranjerización. Esa norma introdujo fuertes restricciones para la venta de campos y estableció, entre otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular foráneo en la denominada zona agrícola núcleo argentina (que está ubicada en las regiones fértiles del norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba), o las equivalencias de cada provincia.
La ley fija topes. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Una nacionalidad, a su vez, no puede superar el 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
La normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una persona extranjera poseían tierras por fuera de los límites impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no podía retrotraer la situación. Así, hoy hay más de 40 distritos en “offside”, que superaban los límites que luego impuso la ley, de acuerdo con documentos públicos.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado) y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). Siguen en el ranking General Lamadrid, en La Rioja (con el 57% de extranjerización); la localidad de Lácar, en Neuquén (53%); San Miguel, en Corrientes (50,8%) y Campana, en Buenos Aires, con el 50,7% de su superficie en manos de foráneos.
Hay, en tanto, 5900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad, correspondientes a 2.230.610 hectáreas. De ellas, 890.000 están en Santa Cruz, 234.00 están en Chaco, 159.000 en Chubut y 136.000 en La Pampa.