Maillo colaboró en investigación a policía por defraudación

El comerciante Vicente Agustín Maillo había colaborado en la investigación a una mujer policía que terminó siendo cesanteada de la fuerza en una causa por defraudación.

Se pudo conocer a través del Decreto Nº 0057 del Poder Ejecutivo de febrero pasado, la cesantía de la Policía provincial de la cabo F.V. Caro (37).

Según el sumario administrativo que se inició el año pasado en 2016 por parte de la institución policial, más precisamente el 10 de marzo, cuando un L. A. Palavecino denunció en la Fiscalía N° 1 cuando se dirigió el 4 de marzo a pagar la tarjeta de crédito del Banco Francés, advirtió que los gastos no coincidían con los consumos realizados, pudiendo constatar compras por un total de ($ 28.000), pagados en cuotas con la extensión de la tarjeta a nombre de su pareja la E. Cariñanco. Por las averiguaciones realizadas pudo establecer que quien había sustraído la tarjeta de crédito era una compañera de su pareja, debido a que el 16 de febrero a la salida del trabajo en el policlínico San José, se encontraba con la cabo quien le pidió que la llevara hasta su casa, estimando que momento que Cariñanco se bajó del vehículo a la tornería “Setra”, su compañera  aprovechó para sustraer el plástico de la tarjeta que se encontraba en la guantera del vehículo, según constante en el sumario publicado en el Boletín Oficial.

Declaración testimonial y filmación

La investigación posibilitó establecer que las compras fueron realizadas los días 24 al 26 de febrero, en los locales comerciales “Jonas”, “Mostaza”, “Heels” y “Vellón negro”, obrando como prueba documental, resumen de la tarjeta de crédito Visa BBVA, constancias de las fechas de compra y los lugares donde fueron realizadas las mismas, se indica en el documento al que tuvo acceso TiempoSur.

También se resalta en el mismo, la declaración testimonial de Vicente Agustín Maillo, quien expresó ser el dueño del local comercial “Casa Maillo”, y declaró que había tomado conocimiento de lo sucedido debido a que se acercó Palavecino al local comercial ubicado en calle Mariano Moreno 336, consultando si el local posee cámaras de seguridad y al revisar la filmación, coincide con la fecha y hora del ticket de compra, adjuntando un CD de la grabación fílmica y secuencia de fotografías, las que surgen de la grabación en la que puede verse a Caro realizando compras el 24 de febrero a las 16:27, la que coincide con el comprobante de pago adjuntado a las actuaciones que se iniciaron en la Policía contra la efectivo.

Defraudación y prontuario

Se destaca en el informe que las declaraciones testimoniales recepcionadas por la instrucción sumarial a los propietarios de los locales comerciales, donde se realizaron las transacciones con la tarjeta sustraída, los mismos aportan datos fisonómico de la persona que realizó las compras, las cuales coinciden con las características de Caro.

Mientras que en el Juzgado de Instrucción N° 1 se le imputó cargos por defraudación y a su pareja, M. D. Rojas. La causa se encuentra en plena etapa de instrucción.

Para las autoridades policiales, las pruebas recolectadas por la instrucción sumarial se encuadra en falta grave la conducta de la cabo Caro, por lo que se solicitó como sanción una medida de carácter expulsiva: la cesantía.

Fue notificada de ejercer su derecho de defensa, no ofreciendo pruebas que “permitan conmover el criterio adoptado”, se indicó en el informe.

Se resaltó que causó “un perjuicio económico a terceros, hecho por el cual se encuentra involucrada en causa judicial; que lo expresado se encuentra comprobado con los soportes fílmicos y testimonios obrantes en las presentes actuaciones administrativas; que la misma en su carácter de funcionaria policial, encargada de cumplir y hacer cumplir la ley, se sustrajo a los deberes y obligaciones que el estado policial le impone Artículo 28 inciso g): “mantener en la vida pública y privada, el decoro que corresponde para poder cumplir eficientemente las funciones policiales”; que su actuar provocó hacia terceros una suerte de desconfianza para con los efectivos de esta institución, la que tiene como fin principal velar por la seguridad, dejando de lado el buen actuar de un funcionario policial, omitiendo a los deberes inherentes a ellos, afectando el prestigio institucional y siendo de una trascendencia que perjudica al servicio”.

Además se precisa que la Cabo ingresó a la fuerza en el año 2007 y que se vio “involucrada en diferentes incidentes personales que han derivado en la instrucción de actuaciones administrativas, de las cuales la misma fue sancionada disciplinariamente”.

Asimismo que desde el año 2014 se encuentra bajo proceso ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos en orden al delito de “Defraudación por estelionato” Artículo 173 inciso 9) del Código Penal.

También fue categórico el dictamen de la Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, y el emitido por Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. El decreto de cesantía lleva la firma del ministro de Gobierno, Fernando Miguel Basanta y de la gobernadora Alicia Kirchner.