Reclamo judicial por incumplimiento de indemnizaciones en causas de derechos humanos

El letrado Juan Srdanovic Arcos cuestionó la negativa del Estado a cumplir con sentencias firmes que ordenan indemnizar a dos víctimas por hechos ocurridos en 1984 en Punta Arenas, en el marco de una demanda por responsabilidad extracontractual.

El abogado Juan Srdanovic Arcos calificó como un acto de desacato y un estado de rebeldía la negativa del Ministerio de Justicia a cumplir con el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios dictadas en favor de dos víctimas identificadas con las iniciales M.N.G. y T.S.V., en el marco de la causa Rol N C-1814-2020, pese a la existencia de sentencias firmes en dos instancias.

Según indicó el letrado, el Estado mantiene una deuda de $40 millones de pesos para M.N.G. y $20 millones de pesos para T.S.V., montos establecidos judicialmente. En ese contexto, sostuvo que ha presentado en cuatro oportunidades oficios que no han sido cumplidos por parte de la cartera, lo que a su juicio configura un incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales.

Los antecedentes del caso se remontan a hechos ocurridos el 27 de marzo de 1984 en Punta Arenas, en el marco de una jornada de protesta por los derechos humanos. De acuerdo con lo expuesto en la demanda de hacienda interpuesta contra el Estado de Chile, en el caso de T.S.V., el afectado “participó en una jornada de protesta por los derechos humanos en el centro Punta Arenas. En aquella oportunidad, sin provocación alguna iba caminando por el sector del río de las minas con dos amigos más, en ese instante llega una micro de Carabineros y proceden a detenerlos por una ‘supuesta sospecha de robo’”.

En ese mismo relato se detalla que, tras la detención, “al subir a la micro junto a sus amigos, los pasearon por casi toda la ciudad llevándolos a la Comisaria, quedó incomunicado y se le informó que el nuevo cargo que se le imputaba, era por haber rayado todo el barrio Prat”. El documento agrega que “al día siguiente lo comenzaron a interrogar tratando de sacar información de la que no tenía conocimiento. Mientras todo esto sucedía, la Vicaría de la Solidaridad hacía lo pertinente para poder sacarlo de ahí”.

En la misma línea, se consigna que durante su detención “apareció gente de la CNI vendándole los ojos y golpeándolos brutalmente en todo el cuerpo”. El afectado recuperó su libertad luego de 48 horas, pero, según consta en la presentación judicial, las secuelas del hecho se mantuvieron en el tiempo. “Lo vivido en dicha cárcel es imborrable” y lo persigue hasta el día de hoy, se señala, junto con describir sentimientos de frustración, rencor y temor persistente.

Por su parte, en el caso de M.N.G., la demanda indica que el mismo día participó en una manifestación que congregó a cerca de 2.000 personas en el centro de la ciudad, específicamente en la intersección de Bories con Colón. En ese contexto, “sin provocación alguna, caminaba en una marcha (…) fue detenido por carabineros en el sector de Colón con Chiloé, quienes le propinaron golpes, mientras era trasladado a la Comisaría”.

El relato agrega que, al llegar al recinto policial, “le dieron ‘la bienvenida’, la que consistía en pasar por un callejón con carabineros en ambos lados, para así propinarles golpes de todo tipo”. Posteriormente, fue ingresado a una celda con entre 60 y 70 personas en condiciones de hacinamiento, donde “durmió de pie y su respiración era casi nula”, compartiendo el espacio con otros detenidos que se turnaban para obtener aire desde la puerta.

De acuerdo con el documento judicial, al día siguiente fue trasladado al denominado “palacio de la risa”, donde “lo torturaron brutalmente (descargas eléctricas en la zona genital.), lo amarraron y golpearon con la finalidad que reconociera los que se le imputaban, los que eran falsos”. Asimismo, se detalla que, al comparecer ante la Fiscalía Militar, permaneció bajo presión constante de funcionarios armados. “El fiscal (…) lo obligó a firmar documentos, sin tener la alternativa de leerlos y/u objetarlos, ni siquiera de consultar su contenido, ya que su vida estaba en juego”, se describe en la presentación.

Tras la firma de esos documentos, estos fueron utilizados para declararlo culpable. El afectado permaneció privado de libertad durante 33 días, en condiciones que incluían alimentación insuficiente, ausencia de luz durante todo el día y la constante incertidumbre por el destino de otros detenidos que eran retirados del recinto. Luego de recuperar su libertad, según se expone en la demanda, continuó siendo objeto de hostigamientos y amenazas durante siete años.

El escrito también señala que las secuelas persisten hasta la actualidad. “No resulta fácil recordar todo lo vivido, ya que, producto de la tortura física y psíquica que padeció, tiene lapsos de pérdida de memoria”, se indica respecto de M.N.G., en el marco de la acción judicial que dio origen a las sentencias cuya ejecución aún se encuentra pendiente.