Proponen 52 horas laborales semanales y fin de indemnización por años de servicio

CORRESPONSAL- Tras más de tres años con un desempleo superior al 8%, la Mesa de Reactivación Laboral —instancia independiente liderada por el economista David Bravo— presentó su informe final con un paquete de 22 reformas estructurales para enfrentar la crisis de ocupación que afecta al país. El documento genera debate inmediato al plantear cambios profundos en la regulación de jornadas, costos de despido y multifuncionalidad.

Entre las medidas más destacadas se encuentran:

Jornadas flexibles y anualizadas: Propone ampliar el periodo para promediar la jornada de 40 horas de 4 semanas a un plazo de entre 15 y 52 semanas. Esto permitiría a las empresas elevar el techo laboral hasta 52 horas semanales en épocas de alta demanda productiva, compensándolas con periodos más cortos durante el año.

Fin gradual a la indemnización por años de servicio: Sugiere evaluar la eliminación de la actual indemnización vigente desde 1937 para evitar el "efecto candado" que frena la movilidad. En su lugar, plantea una "indemnización a todo evento" para contratos nuevos, financiada a través del Seguro de Cesantía.

Facilidades para el despido: Recomienda flexibilizar la causal de "necesidades de la empresa", validando legalmente las desvinculaciones por bajas sostenidas en ventas, reorganizaciones internas o la "falta de adecuación del trabajador".

Polifuncionalidad sin restricciones: Pide modificar el Código del Trabajo para permitir pactar dos o más funciones distintas dentro de un contrato, "independientemente de su naturaleza", revirtiendo criterios restrictivos de la Dirección del Trabajo para facilitar la adaptación tecnológica.

Protección ante crisis: Propone un mecanismo permanente para que, ante shocks económicos severos, las empresas puedan reducir temporalmente la jornada y el sueldo proporcionalmente. La diferencia en el ingreso del trabajador sería cubierta por el Seguro de Cesantía, prohibiendo los despidos mientras dure el pacto.

El informe ya se encuentra en manos del Ministerio del Trabajo para su análisis técnico y legislativo.