YCRT: procesaron a dirigentes sindicales por escraches y actos vandálicos en 2018

Con diferentes grados de responsabilidad, la Justicia federal procesó a dirigentes sindicales, ex dirigentes y hasta a una abogada, actual Jueza de Faltas de 28 de Noviembre, que en 2018 participaron de escraches en la vivienda de Omar Zeidán, ex Interventor de YCRT, sus padres y funcionarios de la empresa productora de carbón durante los primeros meses de 2018, sumado a medidas de coacción en la propia sede de YCRT.

Las protestas se activaron cuando los “retiros voluntarios” se anunciaron para la empresa minera,  que derivaron en una escalada de reclamos en la Cuenca Carbonífera.

El fallo del juez Federal Javier  Leal de Ibarra apuntó a los hechos sucedidos el 15 y 16 de febrero, 31 de marzo y 1 de abril.

Por ejemplo, según el expediente, el 15 de febrero de ese año varios referentes de agrupaciones gremiales, en ese momento integraban la Intersindical, como (Miguel Páez de ATE Río Turbio, Alejandro Garzón, ATE Santa Cruz, Pablo mercado, APS, y Luis Avendaño y Marco Navarrete, de Luz y Fuerza “encabezaron un grupo de aproximadamente doscientas personas que se dirigió a distintos domicilios vinculados con directivos de YCRT; en los que ocasionaron daños y pintaron leyendas intimidantes”.

Una de las viviendas vandalizadas fue de familiares de Zeidán. “Allí quemaron cubiertas en la entrada a la residencia, rompieron vidrios, inundaron la vivienda introduciendo una manguera de agua por la chimenea, rompieron el portón de ingreso, provocaron daños en la media sombra del frente y dañaron las paredes mediante “pintadas” con aerosol”, destaca la causa.

Otro hecho que detalla el expediente fue el 16 de febrero, en el cual se imputó “el uso de amenazas para amedrentar al ingeniero Juan Borda, con el fin de que rectifique una nota previamente elevada, en la que repudiaba los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2018 en la sede de YCRT”.

Ese mismo día, hubo coacción contra el Dr. Juan Pons (subgerente de Asuntos Jurídicos de YCRT) en YCRT  “a efectos de que éste reciba una nota y firme un documento expidiéndose en el sentido indicado por los atacantes”. Allí estuvo presente la Dra. Débora González, abogada de uno de los gremios.

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“Pons fue retenido contra su voluntad en el lugar indicado, impidiendo que recibiera atención médica adecuada hasta que accedió a aquello que el grupo le demandaba”, destaca.

El 31 y 1 de abril, se les imputó coacción sobre Sergio Lumaschi, coordinador General de YCRT, Horacio Reinoso, subgerente de Mecánica y Talleres, Walter Alejandro Gerez, gerente de Servicios de Mina YCRT, Víctor Lumaschi, jefe División Compras YCRT, Miguel López, subgerente de

Ferrocarril y Puerto de YCRT, Marcelo Álvarel, jefe Departamento de Obras YCRT y José Luis Arguello,  del Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional. Todos estaban reunidos en la vivienda de Zeidán y les reclamaban que firmaran una nota para dejar sin efecto una denuncia presentada el 31 de marzo por parte de Guimard.

“Los hechos comenzaron a ejecutarse entre las 10:00 y las 11:00 y se extendieron hasta la madrugada del día siguiente, cuando las víctimas tuvieron que acceder a suscribir la nota mencionada. En dicha oportunidad, los funcionarios de YCRT mencionados se encontraban reunidos en la vivienda del interventor de YCRT, cuando un colectivo de personas, encabezado y liderado por Cristian Gordillo, Miguel Páez, Mario del Carmen, Mancilla Millao, Ramiro Apaza, Ítalo Flores, David Santos, Vanesa Galván, “Pato” Talmar, Adonis Rojas, Noelia Goncebat, Marcos Navarrete y Luis Avendaño se aglomeró alrededor de la misma”.

De acuerdo a la causa, “los manifestantes ingresaron al predio rompiendo el portón eléctrico y rodearon la casa prendiendo fuego, cortaron el suministro de luz y gas, pusieron mangueras de agua en la chimenea para inundarla, rompieron todos los vidrios de la casa, pintaron las paredes y profirieron amenazas. Asimismo, se habría escuchado a Gordillo y a Apaza referir que iban a violar a la hija de Sergio Lumaschi, mencionando su nombre y donde vivía”.

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Pruebas y probado

El Juez detalló innumerables pruebas, que incluye testimonios de todos los hechos, como actas realizadas por la propia policía provincial y documento fotográfico, entre otros.

“En este sentido, entiendo que se encuentra suficientemente acreditado en autos que el conflicto de base es la decisión gerencial de YCRT de despedir o pasar a retiro voluntario a una importante cantidad de trabajadores de la empresa. Ello motivó la conformación de un bloque

intersindical, dirigido o conformado por los imputados -según el caso- que optó por hacer llegar su protesta a la medida por distintos medios; muchos de ellos violentos, que son los casos que aquí nos ocupan”, advirtió el magistrado. “En suma, está demostrado que los imputados, referentes o miembros activos de las agrupaciones gremiales que operan en YCRT, tuvieron un rol preponderante tanto en la preparación como en la ejecución de una serie de escraches y aprietes, encaminados a torcer la voluntad de los miembros de la cúpula de la empresa; ejerciendo presión sobre ellos a través de una serie de mecanismos que -al menos en esta etapa preliminar- se aprecian como expresiones que trasvasan el derecho social a la protesta para entrar francamente en el terreno del injusto penal”, añadió el Juez.

Ninguno de los imputados destaca la causa, quiso declarar.

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Fallo

El Juez no solo dispuso procesamiento y encuadro penal según las responsabilidades, sino que en algunos casos, también ordenó el embargo en cifras que van de los 50 mil a 250 mil pesos. Todos fueron procesados sin prisión preventiva.

-Marcos Navarrete, secretario Adjunto de Luz y Fuerza: daño agravado por la finalidad y amenazas coactivas en concurso real

en todos los casos. Embargo de 150 mil pesos.

-Luis Avendaño, secretario General de Luz y Fuerza: coautor de los delitos de daño agravado por la finalidad y amenazas coactivas. Embargo por 150 mil pesos.

-Pablo Mercado, secretario General APS: coautor de los delitos de daño agravado por su finalidad, reiterado en cuatro oportunidades, en concurso real con coacción agravada. Embargo por 100 mil pesos.

-Débora González, abogada, actual jueza de Faltas de 28 de Noviembre: coautora del delito de coacción agravada. Embargo de 50 mil pesos.

-Miguel Páez, ex secretario General de ATE Río Turbio: coautor de los delitos de daño agravado por la finalidad, reiterado en cuatro oportunidades y amenazas coactivas.

Embargado en 250 mil pesos.

-Cristian Gordillo, ex secretario Gremial de ATE Río Turbio: coautor de los delitos de daño agravado por la finalidad y amenazas coactivas. Embargado por 50 mil pesos.

-Alejando Garzón, ex secretario General de ATE Santa Cruz: coautor de los delitos de daño, reiterado en cuatro oportunidades. Embargado en 50 mil pesos.