Se promulgó la nueva Ley de Discapacidad

El pasado 20 de diciembre en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad. Fue uno de los pocos temas en la agenda parlamentaria que no dividió aguas. Todos los legisladores, de bloques opositores y oficialistas, coincidieron y trabajaron en conjunto para la modificación del mismo en comisiones. Al momento de ser aprobado en el recinto, en el marco de sesiones extraordinarias, estuvieron presentes familiares y personas que trabajan en asociaciones relacionadas a la discapacidad. Ahora el Gobierno provincial promulgó la normativa, que quedó publicada en el Bolín Oficial el pasado 24 de enero del 2023. Uno de los paradigmas que viene a cambiar la normativa es dejar de tener una mirada paternalista y condescendiente hacia las personas con capacidad, tratándolas como personas con derecho y ampliando el rango de posibilidades a la hora de tener una vida plena.

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La Ley se enfocará en la promoción y protección de la dignidad personal, la solidaridad y la subsidiariedad, a través de acciones políticas, sociales y económicas coordinadas. Se adoptarán medidas para garantizar el acceso a servicios como salud, educación, trabajo y empleo, seguridad social, justicia y acceso al entorno físico, transporte, cultura, recreación, turismo y deporte, así como acceso a la información y comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales.

En el marco de la salud, se establecerán programas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, que incluyan la atención médica, rehabilitación, tratamientos y medicamentos necesarios para las personas con discapacidad. Además, se promoverá la inclusión de personas con discapacidad en programas de prevención y promoción de la salud. Sobre la educación, se promoverán programas para garantizar el acceso a educación inclusiva, desde la educación infantil hasta la educación superior. Se promoverá la inclusión de personas con discapacidad en todos los niveles educativos.

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Normativas generales

La nueva Ley contiene aspectos como el acceso a la salud, educación, empleo, seguridad social, justicia, al entorno físico, transporte, cultura, recreación y deporte, información y comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales “mediante los apoyos y ajustes razonables necesarios y pertinentes”, al tiempo que garantizará su abordaje desde la “participación y diálogo social, intersectorialidad, eliminación de todas las formas de discriminación, igualdad y equiparación de oportunidades, perspectiva de género, diseño y accesibilidad universal”, entre otros.

Además, se buscará garantizar prestaciones, certificaciones, accesibilidad en materia de infraestructura edilicia y de transporte; acompañamiento técnico y profesional, apoyo socio-económico, cobertura médica y de tratamientos, acceso a la Educación y a la Justicia, obligatoriedad de empleo con porcentajes mínimos en el Estado, beneficios a empleadores del sector privado que contraten a personas con discapacidad, reducción de jornada laboral para trabajador o trabajadora con personas con discapacidad a cargo, acceso a la vivienda, entre otros.