Santa Cruz institucionaliza la “Copa de Leche y Refuerzo Alimentario Escolar”

En octubre pasado diputados del bloque Unión por la Patria, encabezados por la legisladora de 28 de Noviembre, Lorena Ponce, presentaron el proyecto para crear el Programa Provincial “Copa de Leche y Refuerzo Alimentario Escolar” y así garantizar un aporte nutricional diario a niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas de gestión estatal en toda la provincia. La iniciativa fue acompañada por los diputados Karina Nieto, Carlos Alegría y Carlos Godoy, y aprobada por unanimidad en el recinto durante la última sesión del año en el mes de noviembre. 

Vale la pena mencionar que el programa propuesto abarca a los niveles inicial, primario y secundario, tanto en zonas urbanas como rurales, y tiene como objetivos “asegurar la cobertura alimentaria básica durante la jornada escolar, prevenir la desnutrición y el bajo rendimiento académico, y fortalecer la inclusión educativa y la permanencia en la escuela”. 

El diputado de Río Turbio, Carlos Godoy, habló con TiempoSur y destacó el proyecto presentado por Ponce, entendiendo que “se da en un contexto en el cual muchas familias atraviesan serias complicaciones para cubrir las necesidades que la alimentación presenta para niños y adolescentes en proceso escolar”. 

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La institucionalización de la “Copa de Leche” asegura el desayuno/merienda saludable, complementada con colaciones nutritivas como frutas, cereales o lácteos, adaptadas a las pautas sanitarias y nutricionales que establezcan las autoridades competentes. En este punto es importante destacar que si bien el proyecto estipulaba que la autoridad de aplicación sería el Consejo Provincial de Educación, en coordinación con los ministerios de Salud y Ambiente y de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, la promulgación por parte del Ejecutivo provincial se da con una modificación y es el vetó del artículo que designaba a la autoridad competente, al considerar que dicha atribución forma parte de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo. En su reemplazo, se incorporó un texto alternativo que establece que será el propio Ejecutivo quien determine la autoridad competente.

Entre los aspectos innovadores, el proyecto incorpora la posibilidad de un refuerzo alimentario domiciliario destinado a estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Este podrá otorgarse en forma de módulos alimentarios o tarjetas, priorizando a las familias sin acceso a otros programas de asistencia o en riesgo nutricional. Además, se creará un Registro Provincial de Servicios Alimentarios Escolares, encargado de controlar beneficiarios, menús y condiciones de infraestructura.

El diputado Godoy , comentó que en la actualidad “las escuelas brindan la copa de leche, pero pero siempre es la dificultad que las cantidades no son suficientes, por lo que se terminan haciendo cargo los docentes, padres y cooperadoras. El contexto económico implica que el refuerzo solicitado y especificado en la ley garantice la contención. No es de lo único que depende, pero suma al contexto general que vivimos”. 

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Manifestó que lo importante “dentro de la norma será prever que haya otros tipos de complementos en la alimentación, ahora la Ley contempla el presupuesto para que las partida de copa de leche llegue en tiempo y forma y se observe la cantidad real a cada institución educativa, logrando que no haya vacíos en días que no existía ese aporte y que los padres o cooperadoras debían salvar la situación”. 

La provincia ha venido sosteniendo con recursos propios la mayor parte de los programas alimentarios, como comedores escolares, copa de leche, tarjetas sociales y módulos nutricionales, pero que resulta necesario dotarlos de un marco normativo estable que garantice su continuidad, lo que tendrá impacto sanitario, educativo y social, al prevenir la malnutrición, mejorar el rendimiento escolar y brindar apoyo directo a las familias de menores recursos. 

Vale la pena mencionar que tras la promulgación y publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial deberá ahora reglamentarla dentro de un plazo de 90 días, definiendo los aspectos operativos para su implementación.